Un juez prohíbe un polémico fármaco de la inyección letal y bloquea siete ejecuciones

El juez Wendell Griffen, del tribunal del circuito del condado de Pulaski, en el estado estadounidense de Arkansas, ha emitido este viernes una orden por la que prohíbe el uso de los suministros estatales de bromuro de vecuronio, uno de los tres componentes del fármaco que se utiliza para llevar a cabo las ejecuciones por inyección letal en el estado.

Con esta decisión, el magistrado ha bloqueado el ajusticiamiento de siete condenados a muerte, ejecuciones que estaban previstas entre el 17 y el 27 de abril y que preveía llevar a cabo contrarreloj, antes de que caducara otro de los fármacos implicados en la inyección letal.

Horas antes de que Griffen emitiera su fallo, la principal farmacéutica del estado acudió al tribunal para explicar que el estado de Arkansas había adquirido el bromuro de vecuronio, un bloqueador neuromuscular, utilizando pretextos falsos, según ha informado el diario ‘The New York Times’.

El juez ha programado una audiencia para el próximo martes por la mañana, 14 horas después de la hora a la que se tenía previsto llevar a cabo la primera de las ejecuciones, que también iba a ser la primera que lleva a cabo el estado desde 2005. El estado tiene diez días para apelar el fallo de Griffen.

En un principio, Arkansas tenía previsto ejecutar a ocho condenados a muerte, cuatro negros y cuatro blancos, identificados como Bruce Ward, Kenneth Williams, Jack Harold Jones, Jason McGehee, Stacey Johnson, Don Williamson Davis, Marcel Williams y Ledell Lee. No obstante, el Tribunal Supremo del estado suspendió la ejecución de Ward, de 60 años.

Cuatro empresas farmacéuticas han planteado públicamente sus preocupaciones sobre cómo el departamento de Correcionales del estado ha estado adquiriendo los fármacos necesarios para elaborar la inyección letal –conformada por un anestésico (midazolam), un agente paralizante (bromuro de vecuronio) y cloruro de potasio, que es el componente que finalmente provoca que se detenga el corazón y cause la muerte–.

No obstante, sólo una de ellas, McKesson, ha presentado una acusación explícita de engaño contra el estado. Según la firma, Arkansas ha comprado 10 cajas de este paralizante, aunque “nunca desveló el propósito” de su compra, según ha explicado el abogado de la compañía, Ethan Posner.

“Al contrario, adquirió los productos con una cuenta que se abrió bajo una licencia médica válida de un médico de Arkansas, lo que supone, implícitamente, que los productos adquiridos sólo iban a utilizarse con un propósito médico legítimo”, ha señalado.

La compañía ha confirmado la autenticidad de esta carta, que el abogado de McKesson envió a dos altos cargos del Estado, y a la que ‘The New York Times’ ha tenido acceso.

El estado tenía programadas dos ejecuciones para el lunes por la noche, dos para el 20 de abril, otras dos para el 24 de abril y una más el 27. Los ocho condenados –incluido al que se le ha suspendido la ejecución– forman parte del grupo de 34 presos que aguarda en el corredor de la muerte en Arkansas, donde la pena capital permanece suspendida desde 2005 por la dificultad para obtener las drogas empleadas en los ajusticiamientos.

via La Razón España

Abril 15th, 2017 by
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