Hoy, los equipos negociadores de Londres y Bruselas se vuelven a ver las caras en la segunda ronda negociadora del Brexit. Tras un primer encuentro en el que la delegación británica asumió la agenda de los Veintisiete –al menos en cuanto a tiempos y modus operandi– esta segunda ronda se presenta teñida por la incertidumbre y la debilidad de Reino Unido. En los pasillos comunitarios se da por hecho que no habrá grandes avances hasta las elecciones alemanas de septiembre y que estos meses servirán para ganar tiempo y que las dos partes vaya puliendo sus estrategias. Tres serán los temas principales de esta primera fase: derechos de los ciudadanos a uno y otro lado del Canal, factura de salida y el establecimiento de una frontera blanda en el Ulster.

Reino Unido todavía no ha mostrado sus ases en la manga. A los Veintisiete se les empieza a acabar la paciencia y, el miércoles, el jefe negociador de la UE, pidió claridad a Downing Street con un resultado discreto, al menos por ahora. Mientras Bruselas ha mostrado sus cartas con la publicación de nueve documentos, Reino Unido tan sólo ha redactado un texto referido a los derechos de los ciudadanos comunitarios al otro lado del Canal de la Mancha que sus todavía socios europeos consideran claramente insuficiente. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Barnier también quiso dejar claro la necesidad de que Reino Unido asuma las cuentas pasadas, antes de poder perfilar una futura relación. La factura que Londres debe pagar por sus compromisos en el presupuesto europeo y las pensiones de los funcionarios amenaza con convertirse en el gran caballo de batalla del primer estadio de las negociaciones.

El siempre controvertido ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, aseguró el martes que los Veintisiete pueden «go whistle» si esperan que Londres pague la factura de 100.000 millones de euros estimada en los últimos cálculos. Una expresión que puedes ser traducida como «van listos», «pueden silbar», o la más fuerte «pueden irse a tomar viento». Como respuesta, Barnier dijo que sólo oye «un reloj que corre» en referencia a la cuenta atrás de dos años que fue desencadenada el 29 de marzo de manera irreversible y que los Veintisiete no piensa prorrogar, aunque el artículo 50 lo permita.

Como muestra de la necesidad de encontrar un punto común, Londres ha movido ficha con un documento en el que reconoce por primera vez de manera clara la necesidad de hacer frente a ciertos pagos a través del ministro del Brexit, Joyce Anelay, en un texto remitido al Parlamento británico. Un gesto que da algo de oxígeno a unas negociaciones a cara de perro en el que el montante final será sujeto de agrias disputas. Bruselas pretende que Londres tenga que hacer frente a sus obligaciones en el periodo presupuestario hasta 2020, pero también hay ciertos compromisos de pago que exceden esta fecha y los Veintisiete no están dispuestos a descontar de esta abultada factura los bienes inmuebles que pertenecen a la UE en su conjunto como entidad jurídica.

En cuanto a los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven al otro lado del Canal y viceversa, la postura de los 27 es firme. Bruselas quiere que Reino Unido reconozca la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE ante cualquier conculcación de los derechos de los ciudadanos comunitarios tras el Brexit; pide un proceso administrativo claro para conseguir la residencia permanente y teme que Londres no garantice plenamente los derechos de los familiares o cambie en sucesivas leyes los procesos de reagrupamiento familiar. Los principales grupos del Parlamento Europeo ya dejaron claro que vetarán cualquier acuerdo final que no respete estos principios.

La necesidad de que el Brexit no afecte a los acuerdos de Viernes Santo se ha convertido en una máxima prioridad para ambas delegaciones. Los 27 apelan a «soluciones imaginativas» para evitar una frontera dura en el Ulster a la vez que se deja claro la salida de Reino Unido del mercado único y la unión aduanera.

via La Razón España