junio 22nd, 2018 by CentralCancún

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron dos candidaturas a concejales de dos candidatos transgénero y cancelaron 15 más de diferentes municipios en Oaxaca.

Por mayoría de votos, el Tribunal confirmó las candidaturas de Santos Cruz Martínez y Yair Hernández Quiroz, postuladas para ocupar los cargos de primera concejalía de los ayuntamientos de Cuilapam de Guerrero y Chalcaltongo de Hidalgo, Oaxaca, puesto que desde su registro se auto-adscribieron como mujeres.

Sin embargo, los magistrados decidieron cancelar otras 15 candidaturas a primeras concejales en diversos ayuntamientos de Oaxaca porque las candidatas cambiaron en el proceso de registro su auto adscripción de género.

Los magistrados consideraron que si bien es fundamental defender y garantizar la auto adscripción de género de una persona, se debe evitar un fraude a la ley y las simulaciones en este tipo de adscripciones.

Los magistrados destacaron la importancia de la resolución y de garantizar la auto adscripción de género en las candidaturas electorales, y dejaron claro que actuaban en plenitud de jurisdicción, lo que implicaba no regresar el caso a otras autoridades electorales locales, sino tomar las decisiones últimas sobre estos casos.

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“Al resolver el SUP -334/2018 y sus acumulados, la Sala Superior estableció que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la auto adscripción de una persona. Sin embargo, dada la obligación del Estado de proteger la paridad entre hombres y mujeres en la postulación de las candidaturas, debe evitarse una simulación en la manifestación de género o de la auto adscripción”, sintetizó el tribunal en un comunicado oficial.

“Por ello las autoridades electorales deben hacerse cargo de la posibilidad de un mal uso de la auto adscripción, para no permitir que una reivindicación tan importante como la identidad trans se utilice de manera engañosa para cumplir con el principio constitucional de paridad”.

La sentencia aprobada establece también que las 15 candidaturas canceladas deberán ser ocupadas por mujeres para preservar la paridad de género.

Asimismo, los magistrados determinaron dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que inicie los procedimientos correspondientes y las indagatorias a los partidos políticos y coaliciones que presuntamente contribuyeron en la falsificación de documentos para realizar los registros de las candidaturas analizadas.

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junio 22nd, 2018 by CentralCancún

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, señaló que su familia vive en otro país por la persecución de la que es víctima por parte del gobernador Miguel Ángel Yunes, y rechazó que su esposa viva con lujos.

En una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, Duarte aseguró que la actual administración se ha dedicado a “perseguir cobardemente” a su familia y a exfuncionarios para que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador, “levante en las encuestas” rumbo a las próximas elecciones.

“Es evidente y lógico que la presión aumenta en la medida que se acerca la fecha en cuestión y quienes se ven abajo en las preferencias electorales realicen actos desesperados por tratar de aumentar la intención de los votantes en favor suyo”.

Acusó que lo único que no ha hecho la actual administración es tratar de distraer a la sociedad veracruzana de su desastroso gobierno que no ha tenido un solo resultado positivo.

Leer: Qué pasará con Karime Macías: esto es lo que dice su abogado y lo que afirma Yunes

Además, en la carta Duarte destacó que Karime vive con serias limitaciones económicas ya que nunca fue funcionaria pública, no tuvo bajo su responsabilidad ningún recurso público ni tuvo remuneración cuando participó “desinteresadamente y con un profundo sentido de solidaridad por los más necesitados”.

“Mi familia vive de la manera más austera posible, alquilan un departamento de dos recámaras, donde residen mi esposa y mis tres hijos, no tienen ningún tipo de servidumbre ni ayuda. Mi esposa, como muchas madres de familia, es la que se encarga a las labores del hogar utilizan el transporte público para trasladarse y su máximo lujo es salir los domingos al parque para que los niños puedan correr”, se lee en la carta.

Javier Duarte señaló que de no ser por la persecución de la que son víctimas su esposa e hijos por parte del actual Gobernador no tendría la necesidad de que vivieran en otro país.

“Me lastima en el alma que la esquizofrenia del actual gobernador llegue a los extremos de intentar dañar a una mujer orgullosamente veracruzana”, escribió.

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junio 22nd, 2018 by CentralCancún

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, advirtió que con violencia, criminales están decidiendo quienes deben estar o no en las boletas electorales.

“El signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia, ya que manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”, manifestó.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de seguridad que garanticen la paz e integridad de quienes compiten por los diversos cargos de elección que estarán en juego el próximo 1 de julio.

La violencia, apuntó Otálora Malassis, es una amenaza a la vida y a la dignidad de las personas, así como a todos sus derechos humanos. “No hay nada más alejado del ideal democrático y a los principios de civilización que la violencia”, señaló.

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La presidenta consideró que estas serán las elecciones más complejas en la historia del país, por lo que las fiscalías electorales locales, la Fepade y el TEPJF trabajan desde el ámbito de sus respectivas competencias para asegurar que los comicios se apeguen a lo establecido por la ley.

Advirtió que democracia y Estado de derecho son dos caras de la misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano.

El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses más de 80 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el informe de la consultoría Etellekt.

En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió una situación especial de riesgo para actores políticos en México, incluyendo a precandidatos y candidatos rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

Destacó que se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos, así como precandidatos, y candidatos, particularmente a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos del país.

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junio 22nd, 2018 by CentralCancún

La cultura se asfixia. El periodo 2012-2018 ha sido un oscuro callejón financiero para instituciones y programas oficiales e independientes: la Secretaría de Cultura perdió 58% de su presupuesto; al Centro de Capacitación Cinematográfica, la destacada escuela de cine, le cortaron 61% de los fondos. El financiamiento a festivales se redujo 53%; a la red de Librerías Educal tampoco le fue bien: su presupuesto se achicó 53%.

Pero le fue peor al Sistema Nacional de Fomento Musical, del cual dependen buena parte de las orquestas sinfónicas del país: su presupuesto se contrajo 72%. Por eso no extraña que a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, por ejemplo, le hayan asignado un presupuesto de cero pesos en 2017, y que hayan desaparecidos festivales y compañías de música, cine, teatro y danza por todo México.  

Mientras, las orquestas infantiles de TV Azteca florecen. Los legisladores, el gobierno federal y 29 gobernadores les han entregado recursos públicos por $1,689 millones.  

Esta es una investigación realizada por Quinto Elemento Lab.

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El lunes 5 de junio de 2017 el país amaneció con dos noticias: Alfredo del Mazo ganó las elecciones para gobernador en el Estado de México y, por eso mismo, las acciones de la constructora OHL se dispararon 6 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ese misma día, el cineasta Carlos Carrera confirmaba otra noticia, aunque de naturaleza muy satisfactoria: después de 10 años de producción, al fin llegaba la fecha en que Ana y Bruno, su primer largometraje de animación, se estrenaría: el 12 de junio, en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia.

Así que ese 5 de junio de 2017 el tiempo del cineasta se consumía entre arreglos para el estreno. Sin embargo, rescató algunos momentos para atender lo que ocurría con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en donde es profesor.

Y estampó su firma en los primeros lugares de una carta abierta en la que se exigía al presidente Enrique Peña Nieto y a los diputados detener los recortes que “asfixian” al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de las 15 escuelas de cine más reconocidas del mundo.

Los autores del reclamo argumentaban con cifras: el CCC “se encuentra en una profunda crisis tras sufrir varios recortes que representan la pérdida del 57% del presupuesto respecto a 2012”.

Los números no pintaban bien y se resentían en el ámbito académico. “El recorte amenaza con detener proyectos como tesis y documentales. Hemos perdido maestros y corremos el riesgo de perder más”.

Lamentaban que el gobierno federal no entendiera que el CCC es una escuela pública “con vocación social”. “Su modelo de éxito se basa, entre otras cosas, en la práctica continua que genera cada año decenas de películas que salen a competir al mundo y que las más de las veces regresan triunfantes”.

E insistían: cuando se “recorta dinero a la cultura y la educación también se apaga los sueños de muchos jóvenes mexicanos. Por eso expresamos a las autoridades nuestro desacuerdo y nuestro enojo. Entiéndanlo: la cultura no es un lujo ni un privilegio”.

La carta no estaba avalada por desconocidos. Firmaban miembros relevantes de la comunidad cinematográfica: Carlos Carrera, Busi Cortés, Felipe Cazals, Natalia Beristain, Everardo González, Dana Rotberg, Francisco Vargas, Tatiana Huezo, Damián Alcazar, Vanessa Bauche y Juan Arturo Brennan, entre muchos otros.

LEE: El fraude de Fundación TV Azteca: no da casi nada para sus orquestas

Ni a los diputados ni a los altos funcionarios del Conaculta les importó esa carta firmada por cerca de 100 cineastas, que en conjunto han ganado más de 720 premios y menciones en festivales internacionales y nacionales, entre ellos dos premios Oscar estudiantiles y una Palma de Oro.

O sí les importó, pero no hicieron mucho.

Han pasado bastantes meses. Bruno y Ana tuvo una buena acogida en el festival, recortaron de nuevo el presupuesto  para el CCC en 2018 (sólo equivale a 38 por ciento del que recibieron al inicio del sexenio) y Carlos Carrera no atina a entender qué tienen en la cabeza los diputados y los políticos:  

“Quienes diseñan los presupuestos consideran que esta escuela de cine es un lujito, ahí extraño. Desconocen que aquí no sólo se han formado directores y cinefotógrafos destacados. También egresan diseñadores, editores, asistentes de dirección, en fin, todos los oficios de la cinematografía, con un alto nivel de capacitación”.

Por lo regular, una intensa luz blanca o una tremenda sombra gris logra transformar la existencia de los personajes de las películas dirigidas por Carlos Carrera. Eso mismo le gustaría que le ocurriera al CCC, escuela atrapada en una especie de espesa niebla que le impide brillar.

Acostumbrado a explicar con soltura su forma de realizar una película, cuando entra a otros terrenos aflora la personalidad introvertida del director. Por un momento se queda pensativo, aunque sabe que no puede quedarse callado.

“El escenario es grave”, insiste. “El CCC padece un recorte de más de 60 por ciento en su presupuesto y persiste la negativa a cualquier reconsideración”.

Carlos Carrera es uno de los directores mexicanos más célebres. Guionista, diseñador y especialista en cine de animación, ha dirigido 30 cortometrajes, con uno de los cuales (El héroe) ganó en 1994 la Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes. También ha realizado siete películas, entre ellas El crimen del padre Amaro, La mujer de Benjamín, Un embrujo, La vida conyugal y Sin remitente.

Desde 1990, recapitula el cineasta, el CCC realizaba el Festival Internacional de Escuelas de Cine; también organizaba, cada dos años, el Encuentro Internacional de Cine Documental. “Ambos no existen más. Son los logros de los recortes al presupuesto. Anularon esas actividades pese a su importancia”.

Detrás de los lentes ovalados de pasta negra que usa Carlos Carrera aparece un hombre delgado con 55 años a cuesta. Su voz es segura y sus ademanes colocan énfasis a sus expresiones. “Tenemos equipos de grabación y producción muy delicados, sofisticados. Les hace falta mantenimiento, aunque funcionan. No se han comprado nuevas cámaras o equipo con alta tecnología. Se trabaja con lo que hay. Sin embargo, el equipo debe contar con un seguro anual. Bueno, hasta eso peligra porque no hay recursos”.

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Los diputados federales y la Secretaría de Hacienda tienen identificada, entre otras, un área a la que recurren cuando se trata de hacer recortes al presupuesto público: la cultura. El Presupuesto de Egresos de la Federación no deja lugar a interpretaciones. Estas son algunas de las cifras:

  • La hoy Secretaría de Cultura ha visto cómo se achican los recursos que se le asignan para cumplir con sus funciones: ha perdido 58 por ciento de su presupuesto entre 2012 y 2018.
  • Una suerte un poco peor le ha tocado al Sistema Nacional de Fomento Musical, del cual dependen una buena proporción de las orquestas sinfónicas que existen en México: su presupuesto se redujo 72 por ciento en el mismo periodo.
  • El caso del Centro de Capacitación Cinematográfica, la destacada escuela de cine, es un ejemplo también de las prioridades: le cortaron 61 por ciento de los fondos que recibía.
  • El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también sufrió los recortes: le cortaron 21 por ciento de los recursos para atender las necesidades de los 7.5 millones de mexicanos que hablan lenguas originarias

 

  • A la red de Librerías Educal, quizá la cadena más grande de México,  tampoco le fue bien: los recortes hicieron que su presupuesto se redujera 53.5 por ciento en el mismo lapso.

 

  • El financiamiento a festivales artísticos y culturales en todo el país ha quedado también dañado: el financiamiento de la Secretaría de Cultura se ha reducido 53 por ciento en este sexenio.

  • La Cineteca Nacional, encargada de preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y promover la cultura cinematográfica, ha visto mermado su presupuesto en 24 por ciento en los últimos seis años.

En contraste, los legisladores, la Secretaría de Hacienda y los gobernadores han robustecido el programa de las orquestas infantiles de la Fundación Azteca, al que han entregado al menos mil 689 millones de pesos.

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Juan Trigos, uno de los directores de orquesta más reconocidos del país, aceptó en octubre de 2014 la oferta: recuperar la Sinfónica de Oaxaca, cuyo número de integrantes era tan bajo (28 músicos) que ni siquiera merecía ese nombre. “Ni siquiera era una camerata”, se quejó.

Con los 13 millones de pesos anuales que le asignó la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca se propuso entonces el reto de revitalizarla y potenciar su nivel artístico. Para empezar, incrementó el número de integrantes a 64 intérpretes.  

Compositor destacado, Trigos, que ha dirigido en Italia, Estados Unidos, Croacia, Canadá, India, por ejemplo, sintetiza su trabajo: “Logramos tocar repertorios muy difíciles y de todas las épocas, incluyendo 30 por ciento de compositores mexicanos. Diseñamos programas artísticos con invitados destacados, temporadas fijas y difusión adecuada”.

Unos meses después de tomar el cargo, empezó la temporada de conciertos, pero con una modalidad: todos los viernes había conciertos gratuitos en el Teatro Macedonio Alcalá.

El proyecto no duró demasiado. Alejandro Murat tomó posesión como gobernador electo el 1 de diciembre de 2016. “Con el cambio de gobernador, no renuevan contratos a nadie. Tampoco a los 36 músicos que fortalecieron la sinfónica. Simplemente fue ‘adiós’ y a la calle”, recuerda el director desde Houston, Texas, donde se ha expatriado.

Ante los cuestionamientos por la desintegración de la orquesta, la nueva titular en aquel entonces de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, dio una conferencia el 10 de enero de 2017, donde leyó un comunicado para explicar las razones de la determinación.

“Los recortes federales y los etiquetados de la Cámara de Diputados nos exigen hacer ajustes importantes en la operación de la Orquesta Sinfónica, toda vez que el dinero federal que en 2015 y 2016 se etiquetaron, ahora son simplemente inexistentes. Esto corresponde a los recortes hechos por la Federación en materia cultural en todo el país”.

Cinco líneas para anunciar la suspensión abrupta del proyecto de la Sinfónica. “Me afectó emocionalmente lo de Oaxaca. Pero lo más grave es ver un proyecto cultural destrozado. No era necesario despedazar la orquestan y lo hicieron. Estamos frente a una regresión”, insiste Trigos.  

El recorte de presupuesto provocó entonces que la Sinfónica de Oaxaca regresara a su pasado, con sus 28 músicos de siempre.

Uno de los músicos despedidos por la reducción de presupuesto fue Jorge Arango, un trompetista de 32 años de edad. Cuando fue cesado, decidió ocultar su instrumento en la parte menos visible de su ropero. “No sé si a otros les pasa lo mismo, cuenta, pero yo caí en una depresión musical. Me llevé una gran decepción. En Oaxaca se da el cambio de gobernador y la nueva administración, sin más, dice: ‘No hay dinero’. Nunca nos escucharon tocar. Sólo decidieron destruir la orquesta”.

Durante tres meses no se acercó a su trompeta. Se había quedado sin orquesta y sin sueldo. “Durante año y medio laboramos en esta orquesta, que el director Juan Trigos revitalizó. Pero los funcionarios estatales de cultura dijeron que la Federación les recortó el presupuesto y la desintegraron”.

orquestas
El director Juan Trigos.

Al igual que Jorge, ejecutantes de violín, chelo, corno francés, viola, trompeta, flauta, clarinete, fagot, tuba, percusiones, resienten las consecuencias. Muchos regresan a vivir con sus padres y otros trabajan como maestros o tocando en fiestas, misas y espectáculos. Todos formados profesionalmente en conservatorios.

Lo que sigue no es tan agradable para Arango: suple durante un corto tiempo al trompetista de la obra musical Billy Eliot. Luego, acepta un trabajo fijo: “Me integro al grupo Show Times que anima bodas, bautizos, 15 años, graduaciones y cualquier tipo de eventos en un salón de fiestas”, en la ciudad de México.

Aunque se ocupa los fines de semana, el desgaste se va acumulando. Algunas fiestas se alargan hasta las tres de la mañana y hay que pagar cenas y taxis para regresar a casa. Jorge está exhausto y un poco desanimado. Sigue buscando un empleo que se acerque un poco más a lo que espera.

En Oaxaca, mientras tanto, ya operan cuatro orquestas Esperanza Azteca, a las cuales la Cámara de Diputados les ha entregado recursos públicos por 31 millones de pesos

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En las calles de Acapulco huele a miedo. En las colonias Renacimiento y Emiliano Zapata las familias viven en un círculo de marginación, violencia e inseguridad, un ambiente opuesto al que se respira en la franja turística de la bahía.

Es 2012 y el gobierno de Guerrero pretende contrarrestar el alud de miedo que cubre a los habitantes de esta zona marginada, así que rehabilita el Polideportivo del Centro de Integración de Convivencia Infantil (CICI) Renacimiento, que durante 20 años había sido abandonado, convirtiéndose en un cubo de vendedores de droga.

En convenio con el Sistema Nacional de Fomento Musical de Conaculta y la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal emite la convocatoria para formar la Orquesta y Coro Infantil y Juvenil Renacimiento. Se trata de combatir la inseguridad y la zozobra con proyectos culturales.

Designan como director de la orquesta al compositor y violinista Amílcar Montero Ávila. Se apuesta a la destreza musical como una estrategia de mejoramiento gradual del entorno en el que crecen cientos de niños en estas zonas apabulladas por la delincuencia.

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“La Orquesta y Coro Renacimiento se forman en julio de 2012. Impulsamos la creación de habilidades musicales y recuperación de la autoestima, a través del arte y cohesión social”, recuerda Montero Ávila.

La inversión conjunta no es muy alta. Suma apenas 2 millones 400 mil pesos para el pago de nómina de 15 maestros, la compra de uniformes y de algunos instrumentos. Pero con eso basta para el director de la orquesta.

Así, los primeros días de junio de 2012, el maestro Amílcar llega a mediodía al Polideportivo, coloca una mesa y dos sillas de madera –una frente a otra– en la entrada de la sede. Se sienta, saca un cuaderno rayado de su mochila y lo pone sobre la mesa. Lápiz en mano, mira a su alrededor y le da tiempo a la suerte.  

Algunas madres llegan entonces con sus pequeños hijos de la mano, los jovencitos de secundaria acuden solos. Preguntan por el maestro. Se anotan en un cuaderno para ir formando la plataforma de alumnos.

El maestro no sabe si regresarán al día siguiente. Pero la aceptación es tal que se inscriben 320 niños y adolescentes. Como sólo tiene 120 instrumentos, con el resto forma un coro monumental.

El programa es un éxito. Jóvenes que empezaban a delinquir se quedan en el límite. El músico tiene presente el caso de “un joven de 16 años que ya robaba en casas-habitación; al toparse con la orquesta en el Polideportivo, dejó esa práctica. Ahora, toca el violonchelo y trabaja en una tienda de autoservicio”.

El gobierno guerrerense decide entonces crear el Sistema Estatal de Orquestas Infantiles y Juveniles Renacimiento en cinco municipios con alta incidencia delictiva. Se montan varios ensambles en Acapulco, así como en la comunidad amuzga de Huixtepec, en Zihuatanejo; en Iguala, Chilpancingo y Taxco.

El programa crece, pero también la inestabilidad política y social en Guerrero, agravada por los desastres naturales. En agosto y septiembre de 2013 los huracanes Manuel e Ingrid golpean con fuerza a Guerrero. El Polideportivo se convierte en albergue y cientos de damnificados lo colman. Entonces, la Orquesta Renacimiento se traslada a la Universidad Pedagógica Nacional, en las afueras de Acapulco.

Aunque la contingencia pasa, los músicos nunca recuperan su sede. Los trasladan a la Fábrica de Artes y Oficios de la colonia Emiliano Zapata, cerca del Polideportivo.

La situación se complica más. A finales de octubre de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero deja el cargo ante el clamor social por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esa inestabilidad también cimbra a las 11 orquestas y coros del sistema estatal.

En 2016 la entrega del presupuesto comienza a fallar. El Sistema Estatal de Orquestas funciona hasta ese momento con 12 millones de pesos, de los cuales 3.5 millones los otorga Conaculta, 3.5 millones el gobierno de Guerrero y 4.8 millones de pesos la Secretaría de Gobernación.

Inexplicablemente, la Secretaría de Gobernación cancela el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia y le asigna a ese mecanismo un presupuesto total de cero pesos para 2017. Abandona a los municipios a su suerte.  

Es noviembre de 2016 y la Secretaría de Cultura federal le avisa al gobierno de Guerrero que ya no destinará dinero para el Sistema Estatal de Coros y Orquestas. Aquél asume entonces la responsabilidad de asignar 11 millones de pesos a sus orquestas, pero los recursos nunca llegan: el Congreso local únicamente autoriza 3.1 millones de pesos. No alcanza por más esfuerzos heroicos que se hagan.

Para entonces, los recursos públicos federales dedicados al Sistema de Fomento Musical, que lleva la rectoría artística-metodológica y otorga apoyo financiero a las agrupaciones musicales comunitarias, se han erosionado seriamente: en 2012 eran superiores a 256 millones de pesos y en 2016 ya sólo suman 66 millones. Contra un recorte de alrededor de 75 por ciento poco se puede hacer.   

Llegaba a la agonía un programa público en que la apuesta contra la inseguridad funcionaba con una premisa: música, no balas.  

Ese mismo año, 2016, las Orquestas Azteca recibieron 260 millones de pesos en recursos públicos federales.

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El impacto y los daños causados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 obligaron a los diputados a hacer un drástico ajuste a los recursos que se entregan a los proyectos artísticos y culturales impulsados por asociaciones civiles. Cancelaron la convocatoria anual y asignaron únicamente 350 millones de pesos para 14 proyectos culturales “de alto impacto”. De esa cantidad, unos 70 millones de pesos (23 por ciento del total) fueron asignados a las Orquestas Azteca.

Al Festival Internacional de Cine Documental de México DocsMX, uno de los programas independientes que solicita desde 2011 recursos a la Cámara de Diputados, no lo tocaron. El donativo que recibe es pequeño y no pinta casi nada en la suma total.

Y aunque está al tanto del mecanismo, Inti Cordera, director ejecutivo de DocsMx y productor de cine, se sorprende cuando se entera de que las Orquestas Azteca han recibido de la Cámara de Diputados más de 900 millones de pesos de 2011 a 2018.

“¡No, pues, está tremendo esto! Es preocupante saber que se le otorga esa cantidad de dinero a una fundación, como la de Azteca, que fácilmente podría autofinanciar su proyecto. Urge que los legisladores y las instituciones culturales trabajen en un mejor esquema”.  

Inti Cordera hace unas cuentas al vuelo y precisa. “Si nosotros hubiéramos recibido 100 millones de pesos en un solo año, esa cantidad nos permitiría asegurar la operación de DocsMx durante 20 años. De ese tamaño es la desproporción. Y, perdón, pero nunca he asistido a un concierto, ni conozco las actividades de esas orquestas Esperanza Azteca”.

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Josué Almanza es un joven de 30 años, narrador, dramaturgo y director de la compañía Epitafios Laboratorio Teatral de Puebla. Desde que concluyó con sus estudios de actuación y dramaturgia, se propuso armar una Muestra Estatal de Teatro.

Lo logró en 2011, cuando la entonces Secretaría de Cultura estatal le asignó 15 millones de pesos para su organización, suficientes para conseguir algo totalmente insólito: montar 11 obras del mismo número de compañías independientes de la capital poblana y ocho colectivos que residen en los municipios.

Los resultados fueron alentadores. En sólo dos años la Muestra Estatal de Teatro Poblano evolucionó y se convirtió en el Festival Internacional de Teatro “Héctor Azar Barba”. Durante 15 días la capital de Puebla albergaba escenarios en los que se presentaban las obras de otras latitudes.

La participación de compañías de teatro de 16 países era un hecho inusual en Puebla. El mismo festival contaba con un mecanismo de apoyo a la producción escénica. “Con ese estímulo, varias compañías lográbamos hacer un buen papel dentro del festival. Sin ese impulso, difícilmente hubiéramos montado un trabajo decoroso, dado que la mayoría de los grupos independientes carecemos de recursos”.

Pero todo fue un breve sueño. “El Festival Internacional de Teatro Héctor Azar sólo se realizó entre 2013 y 2014. El gobierno de Rafael Moreno Valle cambió la Secretaría de Cultura a Consejo Estatal de Cultura y las Artes de Puebla. Con eso, todo colapsó”.

El colapso adquirió una forma concreta: el consejo no asignó recursos para la tercera edición del Festival de Teatro, en 2015, a pesar de que todos los grupos locales estaban por culminar sus obras para estrenarlas. Las presentaciones fueron canceladas.

Puebla se quedó sin Festival Internacional de Teatro. El impacto se extendió: la mayoría de los 20 grupos estatales que participaban en el festival desapareció.

Justo en ese periodo las orquestas Esperanza Azteca tuvieron un boom en Puebla. Entre 2011 y 2013 el gobierno de Rafael Moreno Valle aportó aproximadamente 190 millones de pesos para rescatar y rehabilitar la construcción histórica entregada como sede de las Orquestas Azteca.  

Josué lo tiene muy presente. “Los gobiernos federal y estatal tratan de ocultar la realidad al decir que esas orquestas son de la iniciativa privada. No es verdad. No, cuando son producto de financiamiento público, ocupan espacios públicos y tienen participación en festivales y eventos municipales, estatales y federales”.

Josué precisa que ningún grupo artístico independiente en Puebla ha logrado acceder a patrocinios de empresas privadas para el desarrollo de sus proyectos. En cambio, el gobierno ha promovido la inversión privada, a través de deducibles fiscales para esas orquestas.
          El gobierno, lamenta, apoya este tipo de proyectos, que en absoluto representan a la comunidad. El quehacer escénico en Puebla es mucho más rico y complejo. “Sin embargo, la falta de recursos y la desolación en la que se encuentra la vida cultural provoca que muchos artistas hayan emigrado”.

 

* * *

Esa falta de recursos públicos para mantener la operación de diversos programas culturales atraviesa el territorio. Eso lo saben, por ejemplo, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Decididas a enriquecer a la comunidad con actividades artísticas y no  sólo de índole turística, Liliana Alarcón, Paula Hernández y Katia Jiménez decidieron impulsar los festivales internacionales de Danza (FIDanza) y de Teatro (FITeatro).

Arrancaron en 2015 y lo hicieron de nuevo en 2016. En ambos festivales invertían 6.4 millones de pesos. La mitad de los recursos la obtenían de patrocinios de la iniciativa privada y el resto de recursos etiquetados de la Cámara de Diputados. Un año después, todo cesó.

En marzo de 2017, la Secretaría de Cultura local les dijo que los diputados federales eliminaron los donativos destinados a programas culturales. No había recursos. Lo cual significaba que FITeatro y FIDanza cancelaban su tercera edición.

En una zona en la que las actividades culturales no abundan, los festivales representaban una opción distinta y única. “En Playa del Carmen existe una compañía formal de danza y dos más en Cancún. Pero la mayoría de los bailarines se presentan en shows nocturnos, a pesar de ser egresados de la Escuela Superior de Danza de Mazatlán, Sinaloa. No son amateurs, sino bailarines profesionales de danza contemporánea e incluso coreógrafos”, explica Liliana Alarcón, directora de FIDanza.

Esos bailarines se insertan en los musicales comerciales de la zona hotelera como parte de la diversión para turistas; ahí es donde encuentran trabajo. “Por eso nuestra apuesta era recuperar esos talentos, abrir espacios culturales y formar espectadores para la danza y el teatro”.

Los recursos que se entregan a las orquestas de TV Azteca muestran “la desigualdad en la que vivimos”. Si los diputados entregan 100 millones de pesos anuales a esas orquestas, se queja Liliana, también deben otorgar recursos para todos los otros proyectos culturales y artísticos que solicitan donativos.

Aunque sus creadoras trataron de mantener vivos ambos festivales, fue imposible. En 2018 los diputados federales volvieron a suprimir 70 por ciento de los donativos destinadas a los grupos independientes. Ni el FIDanza ni el FITeatro existen más.

***

Roberto Peña Quesada, chilango de nacimiento, regresó a México después de 12 años de estudiar y graduarse como compositor, director y flautista del Conservatorio de Berna, Suiza, pero no lo hizo a su ciudad natal, sino que aterrizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Empezó a desarrollar actividades vinculadas con la formación de músicos en la universidad del estado. Pasados varios años, las autoridades culturales del gobierno local crearon formalmente la Orquesta Sinfónica de Chiapas y le encargaron su dirección.

Aunque nunca tuvo un presupuesto holgado, cada año recibía 5 millones de pesos para su funcionamiento, incluido el pago de los honorarios de los integrantes de la orquesta, 90 por ciento de los cuales son músicos chiapanecos.

Así lograba sortear las dificultades, pero en 2017 la suerte se esfumó.

El recorte del presupuesto federal dedicado a la cultura llegó a niveles extremos. Justo el 10 de enero de ese año el maestro Peña Quesada recibió una noticia que lo dejó congelado: el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes le informó que no le otorgarían presupuesto porque la Secretaría de Cultura federal y el gobierno estatal suprimieron esa partida por el recorte al gasto público.

Devastado por la noticia, la tarde de ese mismo día, el maestro reunió a los 50 músicos de la orquesta y les comunicó: “Nos hemos quedado sin trabajo. Los funcionarios culturales no nos otorgarán más los 5 millones de pesos que anualmente recibíamos para desarrollar nuestras actividades”.

El propio Peña Quesada escribió unas cuantas líneas en la página oficial del grupo en Facebook: “A pesar de la intensa actividad que realizó la Orquesta Sinfónica de Chiapas en este pasado 2016 y en años anteriores, y del entusiasmo del numeroso público que ha asistido a los conciertos de la agrupación, tanto el presupuesto federal como estatal que sostenían las finanzas de la Orquesta ha sido cancelado en su totalidad para este año 2017”.

Al enterarse de la desintegración de la orquesta, los ciudadanos enviaron al gobierno múltiples mensajes de protesta en rechazo. “Entonces, dice el músico, me animé a formar una asociación civil. Tuvimos que organizar cenas, conciertos, cine con música sinfónica en vivo… para salvar a la orquesta”.

Para ese entonces, principios de 2017, Chiapas ya contaba con seis Orquestas Azteca, a las que la Cámara de Diputados les había asignado donativos etiquetados durante varios años por un total de 44 millones de pesos.

A esas alturas, los gobernadores chiapanecos ya habían hecho lo suyo: habían contribuido con recursos públicos al mantenimiento de las orquestas de la televisora. La aportación había sido de al menos 12 millones de pesos.

Y aunque el estrangulamiento económico para la Orquesta Sinfónica de Chiapas llegó a partir del 1 de enero de 2017, el maestro Peña Quesada percibió desde antes que ello sucedería. “El panorama comenzó a nublarse para nosotros en marzo de 2010. El programa Esperanza Azteca llegó y el gobierno estatal le entregó los primeros 6 millones de pesos a la Fundación Azteca para formar la primera de sus seis orquestas”.

La Sinfónica de Chiapas había surgido un año antes y se le había asignado un presupuesto de 10 millones de pesos anuales. Pero eso, como los amores de verano, duró muy poco. En 2011 el proyecto empieza a sufrir la reducción progresiva de su gasto, hasta quedar en 5 millones de pesos para 2016.

“El desequilibrio es brutal”, reclama el director de orquesta. Le duele tanto menosprecio porque con presupuestos tan escasos es muy complicado consolidar un programa semanal, invitar a músicos de alto nivel, mucho menos directores huésped. “De giras y producción de discos, ya ni hablar”.

Roberto Peña nunca imaginó que el recorte presupuestal llegaría hasta el límite máximo: no asignarle ni un peso. Fue tan impactante que las quejas de los ciudadanos lograron una pequeña victoria: en junio de 2017 la tesorería del gobierno estatal le avisó al músico que pudo rescatar un millón 700 mil pesos para todo el año.

El músico no oculta su alivio. Pero no es ingenuo. Sabe que sólo es un paliativo. No hay recursos, al menos no para la Sinfónica de Chiapas.   

Dos décadas batallando por levantar una orquesta con músicos profesionales le otorga a Peña Quesada el derecho a cuestionar. “Si TV Azteca quiere desarrollar su programa musical, bien, pero que lo haga con sus propios recursos”.

***

Carlos Carrera imparte la clase de Dirección de Cine en el CCC. Aunque ser profesor ahí significa ganar 200 pesos la hora y tener, en promedio, un sueldo mensual de 2 mil 500 pesos, sin importar la trayectoria. “Ningún maestro vive de dar clases. En esta escuela la planta académica es casi un cuerpo de voluntarios y, aun así, hay recorte de presupuesto. Los sueldos no aumentan desde hace años”.

E ironiza: “Está bien que nos guste compartir el conocimiento con las nuevas generaciones, pero esto ya es un abuso”.

Y lo del abuso no es una frase hecha ni ninguna ironía. El semblante del cineasta se transforma cuando escucha la cantidad que el Congreso asigna anualmente a las orquestas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego.

Con su mano derecha se acomoda los lentes. Se asombra al máximo: “¡Cien millones de pesos anuales para las orquestas de TV Azteca! Lo que llama la atención son los cabildeos y los acuerdos políticos para favorecer proyectos de la iniciativa privada. Si los diputados quieren otorgar recursos a esos programas, no debería de ser a costa del detrimento de instituciones culturales. Ese es el problema”.

En efecto, ese es el problema.

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junio 22nd, 2018 by CentralCancún

Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por la CDMX al Frente, y Mariana Gómez del Campo, candidata a diputada federal y líder de la Coordinación de Acuerdos de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), compartieron encuestas supuestamente realizadas por el periódico Publimetro y Noticieros Televisa.

En el caso de la encuesta atribuida a Televisa, la información es falsa. Ni la hicieron ni la difundieron. Publimetro, en cambio, precisó que no eran autores del estudio de opinión, aunque sí lo publicaron.

Este jueves la abanderada del Frente publicó en sus redes sociales otra encuesta, supuestamente realizada por Televisa, donde se mostraba un empate técnico entre ella y la candidata morenista. Minutos después ambas publicaciones fueron eliminadas y no se hizo ninguna aclaración.

Noticieros Televisa informó que dicha empresa “no realiza encuestas”. También aclaró en su cuenta oficial de Twitter que “la gráfica presentada por la candidata no fue publicada ni presentada por este medio de comunicación”.

La misma Barrales, en el Tercer Debate Chilango, exhibió un cartel que  mostraba una encuesta con el logotipo de Publimetro. La encuesta ubicaba a Barrales en segundo lugar con 37% de las preferencias electorales, solo 0.7% abajo de Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia.

Aunque dicha encuesta si fue publicada por Publimetro, el periódico compartió en su cuenta oficial de Twitter una aclaración donde explicó que no realiza estudios de opinión, y que la utilizada por la candidata es de la empresa MegaMhetryk.

A su vez, Mariana Gómez del Campo publicó en redes sociales una imagen donde se muestra una encuesta que pone al candidato presidencial Ricardo Anaya con 28% de las preferencias electorales, siete puntos por debajo de Andrés Manuel López Obrador y 13 puntos por encima de José Antonio Meade. En el tuit se lee: “La encuesta de @PublimetroMX confirma que @RicardoAnayaC está cada vez más cerca de @lopezobrador_”.

Nuevamente la cuenta oficial de Publimetro le aclaró a Gómez del Campo que dicha encuesta no fue realizada por ellos, sino que sólo reportaron los resultados presentados por la empresa Pauta Mx.

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junio 21st, 2018 by CentralCancún

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y 572 funcionarios del gobierno de Nuevo León faltaron al servicio público al ocupar tiempo laboral en la recolección de firmas para el hoy candidato independiente a la Presidencia.

El organismo resolvió que tanto el Bronco como Manuel Florentino González —actual gobernador interino, y exsecretario general de Gobierno en la administración de Rodríguez Calderón— “no tomaron las medidas adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público en favor del candidato independiente”.

Tras la denuncia interpuesta por Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariela Saldívar Villalobos contra el Bronco, la autoridad electoral concluyó que esta falta de imparcialidad en el servicio público pudo desequilibrar la competencia electoral. Incluso señaló que en el caso de las servidoras Yolanda Deyanira Cedillo Morales y Dulce María Facundo Torres, analista de información, presionaron a sus colaboradores para que juntaran firmas, dijo la Sala Especializada.

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“Es existente la infracción atribuida a 572 servidores y servidoras públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por tanto se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos”, señala la sentencia aprobada por unanimidad, según información del diario Reforma.

La sala también dio aviso al Congreso de Nuevo León, al actual gobernador y a los encargados de despacho de 25 dependencias para que determinen la sanción correspondiente.

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junio 21st, 2018 by CentralCancún

Al menos el 97 % de los 452 candidatos a la Cámara de Diputados no han registrado sus operaciones de ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), según el Instituto Nacional Electoral (INE).

En sesión ordinaria, el Consejo General del INE detalló que, hasta el 17 de junio, las 2 mil 49 candidaturas de partidos e independientes a la presidencia, diputaciones federales y senadurías, registraron ingresos por mil 721 millones 339 mil 486 pesos y gastos por mil 528 millones 544 mil 987 pesos.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, comentó que “las campañas que han reportado un mayor monto de recursos ingresados son las que corresponden al Senado de la República; y en segundo lugar, las de la presidencia de la República, que a su vez registran el mayor monto de egresos”.

Las candidaturas a la Cámara de Diputados son las que presentan mayor número de omisiones, luego de que el 97 % por ciento de los candidatos no han registrado sus operaciones. Aunado a esto, Murayama dijo que  también hay un retraso en la carga de ingresos y gastos de los candidatos presidenciables.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES) solo ha reportado, en los tiempos establecidos, el 16.4 % de sus operaciones, arriba del 85% de sus operaciones son extemporáneas.  El independiente Jaime Rodríguez Calderón registra de manera extemporánea el 29%. El panista Ricardo Anaya ha registrado de forma extemporánea el 16.3 % y José Antonio Meade tiene un reporte extemporáneo inferior al 1 %.

Con un tope de campaña de 429 millones 633 mil 325 pesos el gasto de los candidatos se ecnuentra de la siguiente manera:

Ricardo Anaya ha reportado ingresos por 262 millones 351 mil 672 pesos y gastado 258 millones 927 mil 473 pesos, un 43.53 % del tope. José Antonio Meade tiene ingresos por 259 millones 041mil 093 pesos y gastos por 239 millones 583 mil 158 pesos, un 40.27% del tope.

El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador reporta ingresos por 61 millones 135 mil 903 pesos mismos que ha erogado, y que equivalen al 10.28 % del tope. Finalmente, Jaime Rodríguez reporta ingresos por 7 millones 404 mil 828 pesos y gastos de 23 millones 997 mil 337 pesos, un 4.03% del tope.

Ciro Murayama aseguró que el 94.2 % del recurso de las candidaturas presidenciales es público, “lo que demuestra la importancia y la pertinencia del modelo de financiamiento a la política que está dispuesto en la Constitución”.

En el ámbito local, las 15 mil 586 candidaturas de partidos e independientes en las 30 entidades con elecciones concurrentes han reportado ingresos por mil 471 millones 039 mil 864 pesos, gastos por mil 257 millones 814 mil 027 pesos y un total de 184 mil 180 operaciones.

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junio 21st, 2018 by CentralCancún

Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la presidencia municipal de Ocampo, Michoacán, fue asesinado este jueves en su casa.

El homicidio ocurrió cerca de las 8:00 horas, cuando el candidato se preparaba para salir a realizar actos de campaña; hombres armados llegaron a su casa y le dispararon, según Quadratin.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que la Procuraduría del estado ya inició las investigaciones de los hechos.

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Este asesinato ocurre menos de 24 horas después del homicidio de Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a presidente municipal de Aguililla, Michoacán, fue asesinado con disparos la noche de este miércoles.

Durante este proceso electoral han sido asesinados más de 100 políticos, en diferentes entidades del país, de acuerdo con la agencia Etellekt.

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junio 21st, 2018 by CentralCancún

En los últimos días circulan imágenes de la tarjeta de Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete la entrega de mil 500 pesos mensuales a todos los mexicanos, como parte del programa propuesto de Ingreso Básico Universal,  “por el sólo hecho de ser mexicano”.

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda de la tarjeta y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre la imagen que circula en redes, el operador de la llamada mencionó que se trata sólo de un prototipo. Para los interesados en obtener la tarjeta, el operador realiza un prerregistro y solicita sus datos sin proporcionar previamente un aviso de privacidad.

Cecilia Soto, miembro de la campaña de Ricardo Anaya y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el país en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en su cuenta.

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris), durante la administración de Felipe Calderón y exdiputado por el PAN entre 2003-2006, fue el primero en publicar en Twitter esta imágen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

La campaña de la coalición Por México al Frente no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Ricardo Anaya promete entregar ese dinero si los mexicanos lo eligen presidente. Ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto puede considerarse “clientelismo”. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas, lo que ocurre, en realidad, es una práctica clientelar.

José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, comenzó, desde su arranque de campaña el primero de abril, la entrega de un certificado a todos los ciudadanos que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa propuesto por el candidato, Avanzar Contigo, el cual incluye una tarjeta con un código de barras, el nombre del programa y la firma de Meade, con la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”.

La repartición de este certificado fue anunciada en un spot de campaña del candidato y  se realizará por todo el país, según informó el grupo de trabajo del candidato.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, así como identificar —entre opciones ya establecidas— sus tres necesidades más urgentes y las más urgentes para el país.

A nivel local, Alejandra Barrales, candidata de Por México al Frente (PRD, PAN y MC) a Gobierno de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar, pondría en marcha el programa Pa’ las Jefas, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa Ciudad Pa’ Estudiantes, que permitirá acceso gratuito al transporte público a estudiantes de bachillerato y universidad.

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría con el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio, esto a través de brigadas de la coalición Por México al Frente, recorridos en las calles y módulos en los que realizarán censos a los posibles beneficiarios. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.

¿Es o no es clientelismo?

Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza.

Mientras que en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores de sus entidades.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás.

El TEPJF estableció en la sentencia que “la prohibición de repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, después que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se inconformaron ante la medida por considerar que el INE se había extralimitado en sus funciones.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica —aclara el experto— sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de apoyo político.

Joy Langston, investigadora del CIDE consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos —dinero que reciben del INE y hacer campaña— para obtener el voto ciudadano.

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.

La repartición de tarjetas no es única de las campañas electorales, algunos gobiernos estatales aprovechan la coyuntura electoral para lanzar programas de repartición de recursos a través de tarjetas. Campeche, Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Además de Chiapas y Veracruz que, además de elegir, presidente, también elegirán gobernador.

 

Estado Programa Descripción
Campeche Salario Rosa Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, anunció en marzo la llegada del Salario Rosa en dicha entidad, que en su primera etapa beneficiará a cuatro mil mujeres con una aportación mensual de mil 500 pesos. En Campeche no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y juntas municipales en estas elecciones.

 

Chiapas Salario Rosa Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, ha entregado tarjetas de Salario Rosa en pleno proceso electoral; Roberto Albores, candidato del PRI a gobernador en Chiapas, dijo que ratificará lo impulsado por Velasco en caso de resultar ganador en la elección. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, denunció que el propósito de la entrega de las tarjetas es beneficiar al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. En Chiapas se votará para elegir gobernador, senadores y diputados federales, diputados locales y regidores.

 

Coahuila Fuerza Rosa El priista Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, entregó las primeras tarjetas Fuerza Rosa. Antes de la elección no contarán con apoyos económicos, solo descuentos y preferencias en programas de la administración estatal. En Coahuila se votará para elegir senadores, diputados federales, ayuntamientos, síndicos y regidores.

 

Estado de México Salario Rosa Alfredo del Mazo, gobernador priista del Estado de México, repartió cuando era candidato las tarjetas Salario Rosa con la que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a amas de casa en situación de pobreza. El programa actualmente se encuentra en operación. En la entidad no hay elección para gobernador, pero sí se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y cargos locales.

 

Oaxaca Salario de Mujer El priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció en marzo la implementación del programa Salario de Mujer, con el que se podrán beneficiar hasta 12 mil 500 mujeres con un apoyo de mil pesos bimestrales. En Oaxaca no hay elección para gobernador, se eligen senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y concejales en este proceso electoral.

 

Veracruz Veracruz Comienza Contigo Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, entregó tarjetas Mi Chedraui en pleno proceso electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El actual gobernador es padre de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador de la coalición “Por Veracruz al Frente”; fue denunciado por Morena ante la FEPADE por supuestamente beneficiar la campaña de su hijo mediante la entrega de tarjetas de descuento en la entidad.

 

 

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junio 21st, 2018 by CentralCancún

Durante el primer debate entre candidatos morelenses organizado por el Instituto Mexicano de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), tres de los ocho aspirantes a gobernador usaron datos relacionados a la seguridad del estado para atacar y defender —en el caso del candidato del PRD— al gobierno encabezado por Graco Ramírez, pero varios de los datos que citaron son falsos.

Cuauhtémoc Blanco Bravo

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia mencionó que “de acuerdo con el censo de violencia, Morelos está en secuestro, primer lugar; violación, segundo lugar; extorsión, primer lugar; homicidio, sexto lugar; robo con violencia, primer lugar nacional”.

Al revisar el Censo Nacional de Procuración de Justicia de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se confirmó que el documento no tiene datos para Morelos. Al contrastar los datos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Verificado 2018 constató que cuatro de los cinco datos del candidato son incorrectos.

Con base en esa fuente, Morelos no ocupa el primer lugar en secuestro, sino el séptimo —los primeros sitios los ocupan Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz—. Para robo con violencia no existen datos, sin embargo, en robo a transeúnte se ubicó en noveno lugar. Tampoco existen datos para abuso sexual.

De acuerdo con la ENVIPE, en 2016 —el último año con datos disponibles— Morelos fue el sexto estado con mayor tasa de homicidio. Los estados con mayores tasas fueron Guerrero, Jalisco y Estado de México. No se mide secuestro ni abuso sexual.

En robo o asalto, Morelos se encuentra en tercer lugar nacional, después de Estado de México y la Ciudad de México. En robo total o parcial de vehículo, Morelos se ubica en el lugar número 19.

El único dato correcto fue que, en efecto, Morelos se encuentra en sexto lugar en tasa de homicidios de acuerdo con los datos del SESNSP y de INEGI.

Alejandro Vera Jiménez

El candidato por el Partido Nueva Alianza, afirmó que “en homicidios dolosos, Morelos se duplica: son 40 homicidios por 100 habitantes en Morelos, a diferencia de la media que son 20 homicidios por 100 mil habitantes”.

De acuerdo con el SESNSP, en 2018 la tasa de homicidio doloso en Morelos fue de 11.22; mientras que la media nacional fue de 7.13. En 2017, la media de homicidios por 100 mil habitantes fue de 20.16; sin embargo, la media de Morelos fue de 29.5, no de 40 como sostuvo el candidato.

Es decir, la tasa de homicidios en Morelos fue 1.46 veces mayor que la media en 2017. A pesar de que la tasa de Morelos es mayor a la de la media, la proporción es menor a la que dijo el candidato.

Rodrigo Gayosso Cepeda

El candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que “de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo existió una disminución de 98% en extorsión, y de 72% en secuestros”. Sin embargo, mientras realizó dicha afirmación mostró un cartel en el cual se leía que la disminución en el porcentaje de secuestro fue de 89%.

A pesar de que existió una tendencia a la baja en la tasa de extorsión y secuestro en Morelos, las cifras que citó el candidato están exageradas. Entre 2012 y 2017, la tasa de extorsión disminuyó 84% y la tasa de secuestro, 56.9%.

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