septiembre 11th, 2018 by CentralCancún

Los clientes habituales de las cafeterías Juan Valdez en Ciudad de México se llevaron una gran sorpresa el fin de semana.

Las sucursales de la principal cadena de café de Colombia cerraron sin previo aviso, lo que dejó a muchos con ganas de probar su aromático café.

Ello después de que la relación entre Procafecol, la empresa de los caficultores colombianos que se encarga de la marca Juan Valdez, dio por finalizado su acuerdo con la poseedora de la franquicia en México, Kaffeehaus.

“Teníamos diez tiendas, pero cerramos porqueacabamos nuestra relación con el operador en México por incumplimiento de contrato“, le explicó María Paula Moreno, vicepresidente internacional de Procafecol al diario El Financiero.

De las 100 sucursales que tenían proyectadas, Juan Valdez solo pudo abrir una decena en cinco años, todas en la zona financiera del oeste de Ciudad de México.

Un resultado negativo para los ambiciosos planes de expansión.

BBC Mundo contactó a Kaffeehaus para hablar sobre el presunto “incumplimiento de contrato” que señala Moreno, pero la oficina en Ciudad de México dijo que no harían declaraciones en este momento.

Productos de Juan Valdez
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Juan Valdez es la marca más renombrada de Colombia y tiene presencia en varios países de América, Europa y Asia.

Ajenos al conflicto empresarial, sin embargo, muchos de los clientes de Juan Valdez tuvieron que acudir a las redes sociales en busca de respuestas.

Lisa Olea pidió una explicación vía Twitter luego de que, dijo, encontró cerrada una cafetería Juan Valdez en el centro de Ciudad de México.

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“Yo consumo café mexicano pero el de Juan Valdez es buenísimo, ojalá no tarden mucho en reincorporarse al mercado en CDMX”, escribió Daphne Cruz en la red social.

Amarga experiencia

La marca Juan Valdez, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que agrupa a 500.000 caficultores de Colombia, abrió su primera cafetería en 2002.

Llegó a México en 2013 con una asociación entre Procafecol y Kaffeehaus con el objetivo de abrirse camino entre las grandes cadenas de café en territorio mexicano.

Una sucursal de Starbucks

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La estadounidense Starbucks es la cadena de cafeterías más grande de México.

El gigante del sector es la estadounidense Starbucks, cadena que posee 687 cafeterías en todo el país luego de 16 años de operaciones.

Pero también las mexicanas Cielito Querido, Punta del Cielo y The Italian Coffee Company participan en el jugoso mercado mexicano de la venta y distribución de café.

Según datos de la consultora Euromonitor, el año pasado la industria de este sector generó ingresos por US$560 millones.

Y Juan Valdez quiere una tajada de ese mercado.

México definitivamente está en nuestro top tres y en Latinoamérica representaría una de las mayores eternidades para la marca”, dijo Moreno en entrevista con la agencia Notimex.

BBC Mundo buscó una entrevista con Procafecol, pero no hubo una respuesta de forma inmediata.

Buscando socio

Las cosas para los colombianos no salieron como lo esperaban con Kaffeehaus, la cual le dio un giro a sus sucursales desde este fin de semana y renombró a varias de sus cafeterías con el sello Finca Kafeto.

Una representante de Kaffeehaus dijo a BBC Mundo que en breve darán a conocer su postura sobre el desacuerdo con Procafecol.

Un batista de Juan Valdez

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Después de Colombia, en donde tienen 262 sucursales, Juan Valdez busca hacer de México su segundo mayor mercado.

Pero por lo pronto María Paula Moreno, de Juan Valdez, dice que buscarán asociarse con una empresa que ya tenga experiencia en el manejo de franquicias para llevar su café a todo México.

Estamos buscando un nuevo socio, que tenga operación multimarca, las ganas de llevar la marca y expandirla por todo el territorio mexicano, no sólo en la Ciudad de México, ya que es una oportunidad muy grande porque el consumo se dinamizado”, le dijo Moreno a El Financiero.

En esa entrevista, Procafecol prometió que regresarán a México en “uno o dos años”.

Una tienda móvil de Juan Valdez

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En Nueva York hay tiendas móviles de Juan Valdez, pero en Ciudad de México solo había sucursales en las zonas financieras del centro-oeste.

En Colombia hay más de 230 cafeterías Juan Valdez, mientras que en el resto del continente suman casi 100 en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Curazao y Aruba.

Por ahora la marca mantendrá su presencia en México a través de algunas cadenas de hoteles y restaurantes.

“Vamos a buscar una buena estrategia para poder ser más competitivos en algunas ubicaciones que no teníamos en el radar”, le dijo también Moreno a El Financiero.

“Lo más importante es mantenernos en el tiempo de manera sostenible, y eso es lo que estamos buscando con un socio que conozca a profundidad la industria”, explicó.

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septiembre 10th, 2018 by CentralCancún

Son jóvenes y de la comunidad  LGBTTTI+. Celeste y Ana Lucía llegaron a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, así que desde San Lázaro, en la LXIV Legislatura, buscarán defender la agenda de la diversidad sexual, sin que ese sea su único frente de batalla.

En entrevista con Animal Político, ambas hablaron sobre la historia que las llevó a involucrarse en la política, la discriminación que han enfrentado, y de cómo surgieron sus postulaciones al Congreso, en medio de la lucha electoral para elegir al nuevo presidente de México.

De Paracho hasta San Lázaro, el camino de Celeste

Reyna Celeste Ascencio Ortega tiene 25 años. Nació en Paracho, Michoacán. Tiene sangre indígena, de la comunidad purépecha. Sus abuelos fueron campesinos y sus padres profesores.

Ella menciona que, a lo largo de su vida, ha tenido que enfrentar la discriminación o el desdén hacia lo que hace y dice. Si no es por ser mujer, por ser joven, y si no es por ser indígena, por su orientación sexual.

“Cómo nos va a representar una vieja”, escuchó que mencionaron alguna vez, en Michoacán, sobre la participación política de las mujeres. Sin embargo, ha persistido, para sobreponerse al machismo u otras formas de violencia política.

Foto: Montserrat Sánchez Maldonado

El año pasado, Celeste quería ser candidata a una diputación local, en Michoacán. Ese era su objetivo original, pero hubo un cambio de planes. Morena y López Obrador le abrieron la puerta, pero para que fuera diputada federal, al ser designada candidata plurinominal.

En un artículo para el medio Horizontal, firmado por Julio César Díaz, del Centro de Estudios y Programas Interamericanos (CEPI) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se menciona que la candidatura de Celeste sonaba oportunista.

Esto, porque tal nominación se dio luego de las críticas a Morena, por aliarse con el conservador Partido Encuentro Social (PES), y luego de que un grupo de académicos, activistas y artistas, de cara a la elección del 1 de julio, acusara al partido de excluir a la población de la diversidad sexual, del reparto de candidaturas.

Al respecto, Celeste defiende que su nominación no surgió desde cero. Uno, porque más allá de su orientación sexual, ella desde los 15 años había trabajado como activista, y participó en el trabajo para conformar a Morena, como partido político.

Y en segundo lugar, porque ella como secretaria de la diversidad sexual de Morena en Michoacán, y representantes del mismo tipo en otros estados, ya habían solicitado desde tiempo atrás que el partido les asignara candidaturas. Es decir, ya habían picado piedra.

Para la LXIV Legislatura, Morena solo asignó a la comunidad  LGBTTTI+ una diputación federal por la vía plurinominal, la de Celeste.

Sin embargo, ella cree que en su partido hay una compromiso real a favor de la diversidad, que se verá reflejado al momento de votar, más allá de que se haya establecido una alianza política con el PES, que a su parecer fue resultado de una “estrategia” electoral, que no compromete a seguir una línea conservadora.

Foto: Montserrat Sánchez Maldonado

Sobre por qué hacer pública su orientación sexual, ella menciona:

“Es un asunto de visibilidad, de identidad, y de respeto. De que no tenemos por qué ocultar algo, no tenemos que estarnos escondiendo, no tendríamos que estar escondidos en el clóset, sino al contrario, que se vea que existe una comunidad, que exige derechos”.

En cuanto a la agenda que tendrá como legisladora, Celeste menciona que buscará defender la diversidad y la educación sexual, que no haya discriminación, y que desde el Legislativo propondrá acciones para que los jóvenes, las mujeres y los indígenas se incorporen más a la política, a la discusión de los temas públicos, para incidir en su realidad.

Celeste, quien de acuerdo con la página de información legislativa tiene una carrera de licenciatura en Derecho, duda un poco cuando se le pregunta si está a favor de que las mujeres, en todo momento, puedan abortar, si así lo desean y sin que tengan que justificar ante otros su decisión.

“Tendríamos que valorarlo… tendríamos que revisar la causa, tal vez la cuestión económica, por qué no quiere tenerlo”, dice la diputada, aunque en casos donde las mujeres hayan sufrido una violación, o esté en riesgo su vida, sí dice de forma directa que el aborto no debe ser penalizado.

En el tema de las drogas, considera que, antes de legalizar, deben hacerse campañas de prevención o información, para que la gente esté muy consciente de los efectos que tienen los narcóticos, antes de considerar consumirlos.

Lucía Riojas, con tenis en San Lázaro

Apenas tenía unos meses de nacida, y ya había estado en su primera manifestación. Su madre la llevó en brazos a una protesta por las elecciones de 1988, y ese es el antecedente más remoto que tiene Ana Lucía Riojas, sobre su relación con la política y el activismo.

“Feminista. Lesbiana. Diputada Federal”, son las palabras con las que Ana Lucía, de 30 años, se describe en su perfil de Twitter. La ahora legisladora, nacida en la Ciudad de México, llegó a San Lázaro por la vía plurinominal, después de que el Partido Acción Nacional (PAN) la incluyera en una de sus listas.

Esa postulación fue resultado de un acuerdo político. El movimiento del que forma parte Ana Lucía, promovido por Emilio Álvarez Icaza y denominado Ahora, decidió apoyar a la coalición por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), y a su candidato presidencial, Ricardo Anaya. En respuesta, obtuvo candidaturas para el Congreso federal.

Ideas que defiende Ana Lucía, como la libertad de las mujeres para abortar, chocan con los postulados tradicionales del conservador Acción Nacional.

Sin embargo, Ana Lucía defiende que la alianza de Ahora con el Frente se hizo de forma transparente, consultando a las personas que apoyaron desde un inicio su movimiento, y sin caer en sumisión ni sacrificar sus causas o principios.

“Creemos muchas veces que una alianza significa sumisión, nos cuesta trabajo entender que sí nos podemos sentar distintas fuerzas políticas, con distinta historia, pero a manera de pares, y eso hicimos”, menciona en entrevista.

La ahora diputada federal relata que en el periodo electoral tuvieron pláticas con diferentes fuerzas políticas, incluyendo a Morena, pero fue el Frente la única alternativa que estuvo dispuesta a abrir espacios de candidaturas, para “personas que veníamos de sociedad civil, ciudadanos independientes, sin militar en algún partido político”.

Un mes después de las elecciones, Ana Lucía anunció que en la LXIV Legislatura sería diputada sin partido. Es decir, se apartó del PAN.

¿Le hubiera gustado llegar de otra forma al Congreso? Al respecto, ella critica que, con las reglas actuales, se cierra el camino para que ciudadanos independientes obtengan una candidatura.

Ella recopiló firmas, para ser candidata independiente al Gobierno de la Ciudad de México, y aunque puso empeño en esa meta, no logró los requisitos solicitados por las autoridades electorales.

“Están hechas las cosas para que puedan llegar quienes pueden comprar ese espacio, quienes tienen una estructura, muy parecida a la partidista, que les permite conseguir el número de firmas y poder llegar a la boleta”, acusa.

Sobre su forma de llegar al Congreso, Ana Lucía insiste en que no hubo una contradicción o incongruencia, y que Ahora tomó decisiones con la vista siempre enfocada en sus causas, entre ellas el volver más accesibles las candidaturas independientes, y el trabajar por sensibilizar y ciudadanizar el Legislativo.

En el Congreso, ha sido llamativo que Ana Lucía aparezca vistiendo jeans y tenis, y no la ropa formal con la que se suele ver a los legisladores.

Al respecto, ella dice que “vestirte como siempre vistes, o estas formas comunes, hacen que la gente se sienta un poco más cercana a ti”, y que incluso esos detalles, comienzan a marcar una nueva pauta, ya que espacios como la Cámara de Diputados, han estado “secuestrados”, por los políticos tradicionales, de traje gris y corbata, alejados de la realidad cotidiana de los mexicanos.

Foto: Iniciativa Ahora

La primera iniciativa que presentó Ana Lucía en la Cámara, fue contra la Ley de Seguridad Interior, lo que muestra que no busca encasillarse en el tema de la diversidad sexual, aunque obviamente sí participará en esa lucha.

Además de abanderar la causa de legalizar el aborto en todo el país, Ana Lucía dice que trabajará para reformar leyes que discriminen a la comunidad LGBT, o a cualquier otro sector; también habla de su interés en trabajar en la Comisión de Juventud, y participar en la búsqueda de que se respeten los derechos humanos en México, y en la construcción de paz.

Como integrante de la diversidad sexual, Ana Lucía dice que ha sufrido agresiones, actos de homofobia. 

El último, cuando rompieron el cristal del automóvil de su novia, y le dejaron un papel con un mensaje bíblico.

También como joven y como mujer, le han lanzado insultos en espacios como las redes sociales. De ahí que uno de sus principales objetivos sea aportar, para que en el país haya igualdad, y no ciudadanos de primera y de segunda.

En la trayectoria de la activista y ahora legisladora, está el antecedente de que, como estudiante de la Universidad Iberoamericana, participó en el movimiento #YoSoy132.

En otro ámbito de su vida, el musical, cuenta que aprendió a tocar la batería desde que era adolescente, y a la postre formó parte de una banda, llamada Piluso.

“Antes que ser diputada, que ser lo que sea, soy baterista. Siempre voy a preferir tocarla”, dice cuando se le pregunta qué es más emocionante, si tocar un solo de batería o presentar una iniciativa en el Congreso.

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septiembre 10th, 2018 by CentralCancún

De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las autoridades federales y estatales de investigación han identificado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.

La fosa donde a la fecha se han exhumado más cráneos es en Colinas de Santa Fe, un predio ubicado a escasos kilómetros del Puerto de Veracruz que, según las investigaciones policiacas, era usado por el crimen organizado como un ‘cementerio particular’.

Esta fosa fue descubierta en 2016 luego de que el Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, recibió un mapa anónimo con información del lugar y comenzó a excavar en el predio. De acuerdo con datos oficiales proporcionados a Animal Político por la Policía Federal y la Fiscalía veracruzana, en las fosas descubiertas se han hallado 292 cráneos, de los cuales se han podido identificar plenamente a 16 personas.

En marzo de 2017 tuvo lugar el hallazgo de otra fosa clandestina en la localidad de Arbolillo, en el municipio costero de Alvarado ubicado a unos 70 kilómetros del Puerto. Hasta el momento, se han exhumado 47 cráneos y se han identificado a otras 16 personas, según cifras oficiales.

De los 32 cráneos identificados, 18 ya fueron entregados a los familiares; procedimiento que de acuerdo con la Policía Federal se hace en colaboración con la fiscalía del estado y con personal de la Comisión de los Derechos Humanos. En el resto de los casos, las familias no han querido recibirlos hasta tener los cuerpos completos de las víctimas.

Ante estos resultados, el Colectivo Solecito criticó la actuación de la fiscalía en la identificación plena de las víctimas de desaparición forzada.

Lucy Díaz, vocera del colectivo y madre de un joven de 29 años que desapareció en el Puerto de Veracruz, dijo que ‘El Solecito’ lleva encontradas 295 personas en Colinas de Santa Fe, y otras 20 que la brigada del colectivo en Córdoba halló en pozos de agua en la localidad de Omealca; una zona altamente conflictiva por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado, que se disputan la extracción ilegal de combustibles en la zona.

“En total, van encontradas 315 personas. Y de ese universo, solo se han identificado 15. Una cifra muy por debajo del 10%, que nos dice que la Fiscalía no avanza en la identificación de las víctimas”, subrayó Díaz en entrevista, en la que también criticó “el hermetismo” de la dependencia investigadora.

“No nos dicen, por ejemplo, cuántos de los cuerpos hallados en Colinas son mujeres, cuántos hombres, ni las edades. Es información que para los antropólogos no es tan complicada, pero no nos dicen nada”, lamentó Díaz.

Se necesitan más pruebas de ADN a familiares

Sobre la lenta identificación de las personas enterradas ilegalmente, los funcionarios federales y de Veracruz consultados por este medio explicaron que genéticamente se tienen identificados –con un perfil de ADN definido- más del 90% de los 339 cráneos rescatados en ambos predios.

Sin embargo, para conocer el nombre de las víctimas se requiere obtener una coincidencia con el ADN de otra persona, por ejemplo, un familiar directo. Y esto, tras la comparación que hizo la Policía Federal del ADN de las víctimas exhumadas con el ADN de familiares, solo ocurrió positivamente en 32 casos.

“Necesitamos que más personas que tengan familiares de desaparecidos se acerquen a las autoridades de Veracruz o federal para pedir que se recabe su ADN porque, en todos los casos mencionados ya se hicieron los cruces con perfiles de familiares de colectivos y de otras partes del país, y solo ha habido correspondencia en 32 casos hasta ahora”, explicó un funcionario federal.

Fuentes de la Fiscalía de Veracruz destacaron que las bases de datos genéticos que se han utilizado, se han ido construyendo en los últimos dos años. Subrayaron que esto se debe a que en la administración estatal pasada (del gobernador Javier Duarte) se recabaron algunas muestras, pero la mayoría no se trabajaron y resultaron inservibles.

En Colinas de Santa Fe, las dos primeras víctimas identificadas fueron Pedro Huesca Barradas, agente del Ministerio Público de 30 años de edad, y su secretario particular Gerardo Montiel. Ambos desaparecieron el 15 de abril de 2013, tras ser secuestrados en Ciudad Cardel, Veracruz, por integrantes del crimen organizado. Fueron identificados gracias a que los plagiarios los enterraron en el ‘cementerio clandestino’ con todo y sus credenciales.

Aquí puedes leer el perfil de las víctimas

Mientras que, en Arbolillo, en Alvarado, la Fiscalía veracruzana dijo tener “indicios sólidos” de que entre los 47 cráneos exhumados y múltiples restos se encuentran tres miembros de la familia Sánchez Pérez, originarios de Querétaro, que fueron denunciados como desaparecidos a principios de septiembre de 2016.

Colinas de Santa Fe es la fosa clandestina más grande del sexenio de Peña Nieto, con 292 cráneos exhumados hasta el momento, según cifras oficiales. Pero, desde luego, no es la única en Veracruz, entidad que brigadas de activistas y familiares de desaparecidos han denunciado en múltiples ocasiones como “un tiradero de cuerpos”.

Sin ir muy atrás en la hemeroteca, apenas el pasado jueves 6 de septiembre la Fiscalía veracruzana anunció el hallazgo de otro cementerio clandestino con 32 fosas y 174 cráneos, aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió en una entrevista con Radio Red que la cifra puede aumentar.

Hasta ahora, la Fiscalía solo ha precisado que se trata de un predio de unos 300 metros cuadrados, de difícil acceso, y que está ubicado “en la zona centro” de Veracruz. En cuanto a cómo fue descubierta la fosa, el jueves pasado el fiscal Jorge Winckler detalló que el predio se ubicó a inicios de agosto, gracias al testimonio de una persona que señaló el punto donde habrían sido enterradas ilegalmente cientos de personas.

El pasado 8 de agosto iniciaron los trabajos de investigación en la zona, y un mes después se localizaron los restos humanos, que según los primeros análisis tienen hasta dos años de antigüedad.

“Venganza”

Este nuevo hallazgo se anunció, tal y como admitió el propio fiscal, al margen de las brigadas de mujeres y de familiares que buscan a víctimas de desaparición forzada, lo cual generó malestar y críticas hacia la Fiscalía, a la que acusaron de actuar “de mala fe”, dejándolas fuera de las labores de búsqueda, como es su derecho reconocido en la Ley de Desaparición Forzada, para presentar el descubrimiento de la fosa como un logro político.

El Colectivo Solecito también receló de la “rapidez” con la que en este último caso las autoridades exhumaron 174 cráneos en tan solo un mes, determinando ya incluso la antigüedad de los restos.

“Nos preocupa el trabajo tan atropellado que está haciendo la Fiscalía–dijo Lucy Díaz-. Por poner un ejemplo: en Colinas de Santa Fe cuando una fosa tiene solo seis cuerpos, se tarda una semana en exhumar porque hay que hacerlo con extremo cuidado. Y si ellos están exhumando cientos de cuerpos en un mes, no pueden estar haciendo un buen trabajo”.

Otro de los puntos que critica el Colectivo es el “hermetismo” con el que la Fiscalía ha manejado el último hallazgo, negándose a precisar la ubicación de la última fosa, bajo el argumento de que hacerlo pondría en riesgo la seguridad de los elementos que trabajan exhumando los cuerpos.

Marcela Zurita, integrante de la brigada que ‘El Solecito’ tiene en la región céntrica de Córdoba, celebró que en ese caso la Fiscalía busque proteger a quienes trabajan en las fosas, pero acusó que el trato no sea parejo con ellas.

“Nosotras buscamos sin el apoyo de la Fiscalía y sin seguridad alguna. En Omealca, por ejemplo, pueden llegar a lastimarnos por donde sea, porque ya nos han dejado mensajes los huachicoleros”, apuntó la activista.

Lucy Díaz, incluso, fue un paso más allá, al considerar que la secrecía de la Fiscalía no se debe a motivos de seguridad, ni para preservar la investigación, sino a una “venganza” de las autoridades de investigación, por los reclamos y la postura crítica del Colectivo hacia su trabajo en estos dos últimos años.

“Tras perder las elecciones el PAN (el partido del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes), se vino sobre nosotras una venganza. Antes nos daban un triste almuerzo, y ahora ya nos lo quitaron. También nos quitaron la maquinaria que  era para buscar. Es una venganza –recalcó la activista-, y por eso no nos incluyeron en la búsqueda de la fosa que anunciaron el jueves pasado”.

Checa aquí el documental de Animal Político,Fosas de Santa Fe: buscando a un hijo desparecido en México’.

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septiembre 8th, 2018 by CentralCancún

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, instruyó a la Fiscalía de Justicia para que investigue la posible violencia política contra al menos 30 mujeres que han renunciado a un cargo como regidoras o diputadas, aparentemente de forma obligada, abriendo la posibilidad para que sus cargos sean ocupados por hombres.

“Condeno enérgicamente que las mujeres electas en los comicios del 1 de julio pudieran estar renunciando a sus cargos por presión o ser víctimas de violencia política para dimitir”, expresó en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

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Aseguró que colaborará en todo aquello que soliciten las autoridades electorales para esclarecer este caso y proteger los derechos de las mujeres candidatas.

LEE: Ganaron pero las sustituiría un hombre: 30 regidoras y diputadas renuncian a sus cargos en Chiapas

Las decenas de mujeres, algunas de ellas designadas por la vía plurinominal, presentaron sus solicitudes de renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, argumentando que lo hacían de manera voluntaria.

Sin embargo, la autoridad electoral externó su preocupación ante lo que podría ser un caso de violencia política contra las mujeres, por lo que la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación analizará la situación y las razones de las renuncias masivas.

Velasco también instruyó a la FGE para que en coordinación con la Secretaría de la Mujer brinden asistencia legal a las mujeres candidatas electas que sean víctimas de presiones o de violencia política.

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septiembre 7th, 2018 by CentralCancún

Tras las elecciones del pasado 1 de julio, al menos 30 mujeres de diversos partidos políticos en Chiapas que habían obtenido cargos como regidoras y diputadas, han renunciado desde hace algunos, aparentemente de forma obligada, abriendo la posibilidad para que sus cargos sean ocupados por hombres.

Las decenas de mujeres, algunas de ellas designadas por la vía plurinominal, presentaron sus solicitudes de renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, argumentando que lo hacían de manera voluntaria.

Sin embargo la autoridad electoral externa su preocupación ante lo que podría ser un caso de violencia política contra las mujeres, por lo que la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación analizará la situación y las razones de las renuncias masivas.

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del IEPC de Chiapas, expresó su rechazo a cualquier forma de presión a las mujeres y señaló que se activará el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, por parte de este órgano electoral.

De esta forma se procedería conforme a la ley en contra de los partidos o actores políticos que pretendan violentar, mediante cualquier forma, a las mujeres para renunciar a sus cargos y así ser sustituidas por hombres, antes de ser designadas o tomar posesión.

Las renuncias

En el caso de los ayuntamientos, en el municipio de Frontera Hidalgo se recibió la solicitud de renuncia de la presidenta municipal electa del PRI. En Frontera Comalapa, se recibieron renuncias de 5 candidatas de Nueva Alianza, y en el municipio de Pichucalco, la de una candidata síndico del Partido Chiapas Unido.

En Tuxtla Chico renunciaron las 6 mujeres integrantes de la planilla del Partido Chiapas Unido; en el municipio de Mapastepec, 6 mujeres presentaron renuncia del Partido Verde (PVEM), y del municipio de Suchiapa, otras 2 mujeres del Partido Podemos Mover a Chiapas.

Para el cargo de diputaciones locales, 10 mujeres del PVEM ratificaron su renuncia, de las cuales, 8 integraban la primera fórmula, tanto propietaria como suplente de las 4 circunscripciones, es decir se perderán 4 espacios que serían ocupados por mujeres en el Congreso del Estado.

De esta forma, el partido Verde es el que presenta la mayor cantidad de renuncias.

Sánchez Domínguez comentó que uno de los casos más notorios y preocupantes es el de Tuxtla Chico, donde todas las mujeres que integraban la planilla renunciaron, abriendo así la posibilidad de la representación del municipio sea solo masculina.

Luego de recibir las decenas de renuncias, la consejera recordó que “nuestro Código de Elecciones y Participación Ciudadana establece que habrá un cierto número de regidoras y regidores que deben asignarse bajo esta figura”, con el fin de cumplir con la paridad de género.

Agregó que hasta ahora no se ha incumplido la ley electoral pues, en su momento, todos los partidos políticos “cumplieron con la paridad al registrar sus planillas tanto en ayuntamientos como en diputaciones locales”.

A pesar de que aún no existen pruebas contundentes para confirmar un caso de violencia política contra las mujeres, el IEPC aclaró que “el registrar a una mujer para después hacerla renunciar y sustituirla por un hombre” ─ lo que se conoce como candidaturas simuladas ─, además de ser violencia política podría tratarse de un posible fraude a la ley, y de ser así, “de ninguna manera será avalado”.

A pesar de que será difícil que las víctimas reconozcan abiertamente su situación, el instituto electoral detalló que existe jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga al Organismo Público Electoral (OPLE) a actuar en casos supuestos de violencia política, por lo que se han iniciado indagatorias para conocer el origen de estas renuncias.

“El IEPC está dando seguimiento puntual a las renuncias presentadas, por lo que se tomarán las acciones necesarias contra quienes resulten responsables, en caso de confirmarse lo que parecen ser actos de violencia política por razones de género y candidaturas simuladas para cumplir con la paridad de género”, finalizó Sánchez Domínguez.

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septiembre 7th, 2018 by CentralCancún

Ocho de cada 10 mexicanos consideraron que corresponde al Ejército y la Marina llevar a cabo acciones de combate contra el crimen organizado, y además señalaron que ambas instituciones deben continuar con las labores de patrullaje en las calles y carreteras del país.

De acuerdo con la encuesta telefónica “Fuerzas Armadas”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el 74% de los entrevistados calificó como “útiles” las labores de patrullaje de estas dependencias federales en el combate al crimen organizado y la inseguridad del país.

El estudio del CESOP indica que este 74% de los encuestados apoyó la creación de una ley que otorgue un marco legal de actuación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, para realizar labores de combate al crimen organizado, que actualmente compete a los cuerpos policiacos. Solo el 21% estuvo en desacuerdo.

Un 59% de las personas, además, estuvieron de acuerdo con que la militarización del país puede resolver los problemas de seguridad, y el 74% opinó que si estas instituciones estuvieran a cargo de cárceles y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), disminuirían los casos de extorsión y habría más y mejores controles.

Marina y Ejército, instituciones mejor calificadas

La encuesta del CESOP identificó que entre las instituciones que desempeñan tareas de seguridad en el país, el Ejército y la Marina son las mejor calificadas.

Nueve de cada 10 calificaron las labores de la Secretaría de Marina (Semar) como buenas, o muy buenas, mientras 8 de cada diez evaluaron de la misma forma al Ejército Mexicano.

Acerca de la Policía Federal, seis de cada 10 calificaron como buenas o muy buenas sus labores.

Sobre el desempeño de las policías municipales, solo 4 de cada 10 consideraron a estas como buenas o muy buenas.

Los ministerios públicos del país fueron calificados como buenos por el 50% de los encuestados, mientras que la opinión positiva sobre el trabajo de los jueces fue del 54%.

Ante la pregunta de cuáles deberían ser las labores que desempeña el Ejército, un 54% de los encuestados contestó que al combate al crimen organizado; 18% señaló que a implementar programas en casos de desastres naturales, y 22% respondió que le corresponde trabajar por la seguridad nacional.

Solo un 6% de los entrevistados opinó que el Ejército debe realizar acciones cívicas y sociales.

En el caso de la Secretaría de Marina, el 49% opinó que deben participar en el combate al crimen organizado, el 18% que tendría que implementar el Plan DNIII para apoyo en casos de desastres naturales, y el 27% que debe apoyar en labores de seguridad nacional. El 6% consideró que debe realizar acciones cívicas y sociales.

Aparte, el 12% de los encuestados dijo que, hasta ahora, el desempeño que el Ejército ha tenido en el combate al crimen organizado ha sido excelente; 42% que ha sido bueno; 35% que ha sido regular; 8% la calificó como mala, y un 3% la consideró pésima.

Sobre el desempeño que ha tenido en la misma materia la Secretaría de Marina, el 14% consideró que ha sido excelente; 47% que ha sido buena; 33% que ha sido regular; 6% opinó que ha sido mala, y 1% la calificó como pésima.

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septiembre 5th, 2018 by CentralCancún

Uno de los cinco diputados del Partido Verde que se sumó a Morena es Humberto Pedrero Moreno, quien presentó documentación falsa para hacerse pasar como indígena y acceder a la candidatura como diputado federal.

Pedrero Moreno es el exsecretario de Hacienda del estado de Chiapas y ganó las elecciones del pasado 1 de julio representando a la coalición formada por el PRI y el PVEM.

El exfuncionario del gobierno de Manuel Velasco se hizo pasar por indígena, luego de que el INE determinó que en 13 distritos del país, entre los cuales se encuentran 5 comunidades chiapanecas, los candidatos a diputados federales debían ser indígenas, pues la mayoría de su población también lo es.

Para constatar que es indígena, Humberto Pedrero presentó una constancia firmada por el supuesto comisariado del ejido de Monte Grande (zona habitada por tzotziles), Alejando Escobar Núñez.

El documento afirma que Pedrero Moreno “pertenece a esta comunidad indígena y ha trabajado en el ejido desde hace más de 6 años, y además de asistir a las asambleas ejidales, actualmente se desempeña como secretario en el ejido”.

Leer: En Senado, Morena vota por licencia de Velasco; en San Lázaro el PVEM le cede 5 diputados

Sin embargo, las verdaderas autoridades de Monte Grande, y los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia, presentaron ante el Tribunal los documentos que comprueban que las pruebas de Pedrero Moreno son falsas y solicitaron la anulación de la elección.

El pasado 1 de agosto, la Sala Regional Xalapa, del TEPJF, informó que se anulaba la elección de diputados en el 02 Distrito en Bochil, “por no cumplir con el requisito de autoadscripción indígena”.

Finalmente el 20 de agosto, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF determinó devolver la constancia de mayoría a Humberto Pedrero Moreno, ya que presentó documentación emitida por autoridades indígenas, la cual demuestra que es integrante de los pueblos originarios de la entidad.

“En la especie está aprobado que los documentos se emitieron por autoridades indígenas quienes dan cuenta que el candidato que obtuvo el triunfo en las urnas es indígena, y ha llevado a cabo diversos trabajos y servicios de interés para la comunidad indígena, por ende, en el presente asunto la ponencia propone tener por acreditada la autoadscripción calificada”, indicó el proyecto de sentencia, elaborado por el Magistrado Indalfer Infante González.

De acuerdo con Alerta Chiapas, Pedrero Moreno fue denunciado penalmente por los habitantes del Ejido Monte Grande porque para registrar su candidatura el exfuncionario presentó al INE una constancia expedida por Alejandro Escobar Nuñez, persona que no es comisariato ejidal del poblado Tsotsil, pero obtuvo un documento del titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano que lo reconoce como indígena.

Estos diputados del Verde también se integraron a Morena:

Francisco Elizondo Garrido. Fue exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Quintana Roo, del 2013 al 2018.

De acuerdo con el diario La Verdad, de las más de 450 obras que realizó la SCT en Quintana Roo durante la gestión de Elizondo Garrido se favoreció a ciertas empresas y personajes “afines” a los intereses de su grupo político y de esa dependencia.

Garrido nació el  17 de enero de 198 inició su carrera como miembro activo del Partido Verde en el año 2002. En 2003 se desempeñó como consejero político Nacional y de ese año al 2006 participó como parte del grupo de asesores de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura.

Erika Mariana Rosas Uribe. Es licenciada en comunicación. Ha sido representante del PVEM ante el INE y secretaria de comunicación social del partido.

Ana Patricia Peralta. Fue regidora del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. La mayoría de su trayectoria política la ha realizado en el Partido Verde.

Fue diputada electa de mayoría relativa (Distrito 5) de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo.

Es licenciada en Administración de Empresas, aunque en su curriculum no se especifica de qué universidad.

Es hija de la presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, Patricia De la Peña. Dicha asociación inició sus actividades en 1986 protegiendo los intereses de la industria del Tiempo Compartido y de la industria turística en Cancún.

Llegó a la Cámara igual forma por representación proporcional.

Nayeli Arlen Fernández Cruz. Su último cargo fue el de titular de la Secretaría de la Mujer, de 2017 a 2018.

También fue consejera del Consejo Político Nacional  del partido.

Su grado máximo de estudios es la maestría, aunque en su ficha técnica de trayectoria no especifica qué estudió.

 

 

Origen

via Animal político

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septiembre 4th, 2018 by CentralCancún

El partido Morena, que es mayoría en la Cámara de Diputados, presentó este martes una iniciativa para eliminar el fuero constitucional de todos los funcionarios públicos, incluyendo legisladores y el presidente del país, aunque estableció otro medida de protección para ellos, sobre todo en el caso del mandatario federal.

En la iniciativa, presentada por el legislador Pablo Gómez, se establece que aunque no tengan fuero, los funcionarios como el jefe del Ejecutivo, diputados federales y locales, senadores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte, los magistrados del TEPJF, el Fiscal General de la República y los consejeros del INE sí gocen de “inmunidad”.

Es decir, que cuando haya una acusación penal en su contra, sí puedan ser sujetos a ese proceso, pero sin que sean detenidos o no se apliquen contra ellos medidas cautelares como la restricción de su libertad , hasta que haya una sentencia condenatoria. 

“La inmunidad simple consiste en proteger la realización normal de las funciones de esos altos funcionarios sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria”, dice tal cual la iniciativa.

La inmunidad, se apunta, es necesaria para el funcionamiento “normal y libre” de los poderes públicos. En el caso de los legisladores, se refiere que no podrán ser procesados o juzgados por las opiniones que manifiesten.

Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, se agrega, el juez que lleve el caso notificará a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido en automático su inmunidad y el cargo que desempeñó.

“Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las gobernadoras o los gobernadores de los estados y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto”, se detalla.

Respecto a gobernadores y diputados locales, “cuando alguna o alguno es sometido a proceso penal por la comisión de delitos federales se procede de la misma forma, pero la sentencia judicial se comunica a la correspondiente legislatura local con inmediatos efectos de retiro de la inmunidad y cesación del cargo”.

El caso del presidente de México es distinto. En la iniciativa, se plantea que para el retiro de la inmunidad y el cese de sus funciones, se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado.

“La resolución del Congreso en cualquier sentido no interrumpe o altera los ulteriores procedimientos judiciales ni prejuzga sus fundamentos y consecuencias. Las declaraciones y resoluciones que al respecto emiten las cámaras del Congreso son inatacables”, refiere el documento.

Alberto Esquer,  coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, acusó que la iniciativa de Morena protege al presidente de la República.  

Además ese partido pidió evitar simulaciones y que se retome una propuesta que elimina el fuero a funcionarios públicos pendiente en la Legislatura LXVIII en la Cámara de Senadores, para que su aprobación sea inmediata.

A continuación puedes leer la iniciativa completa, que presentó Pablo Gómez: 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Pablo Gómez Álvarez, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta por su conducto iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política, según lo siguiente.

Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución sobre inmunidad de altos servidores públicos

Exposición de Motivos

Existe una muy amplia exigencia popular entre la ciudadanía que sufraga por todos los partidos políticos en el sentido de que sea eliminado el llamado “fuero constitucional” que impide abrir procesos penales a los altos funcionarios públicos, incluyendo a los diputados y senadores al Congreso, sin autorización previa de la Cámara de Diputados.

En dos ocasiones se ha intentado modificar la Carta Magna con el propósito de ubicar a esos servidores públicos en el mismo plano de cualquier ciudadano en cuanto se refiere a la acción penal, eliminando para ello el privilegio del que ahora cuentan.

En ambas ocasiones se ha detenido el proceso legislativo mediante el conocido mecanismo de “congelación” que es, como se sabe, enteramente inconstitucional. Por segunda ocasión, me permito presentar iniciativa para superar la existencia del llamado fuero sin que se ponga en peligro el funcionamiento normal de los poderes públicos del Estado mexicano.

El “aforamiento” es el sistema según el cual no es posible proceder a ejercer acción penal sin que el funcionario sea antes expulsado del foro, el llamado “desafuero”, ya se trate de un legislador, un gobernante, un comisionado o un juez precisamente aforados, es decir bajo la protección de un consistorio.

La inmunidad simple consiste en proteger la realización normal de las funciones de esos altos funcionarios sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria.

A su vez, la inmunidad parlamentaria o legislativa abarca al mismo tiempo el carácter inviolable de los representantes populares por las opiniones que manifiesten. El alcance de esta inmunidad no podría circunscribirse al tiempo en que el legislador o la legisladora se encuentra en sede parlamentaria, pues sus funciones no se circunscriben a ésta. Es necesario dejar atrás definitivamente la discusión sobre la ubicación física del parlamentario o parlamentaria que emite las opiniones para fijar el carácter inviolable de éstas.

La presente iniciativa pretende la eliminación del “fuero”, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están “aforados” puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó.

Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las gobernadoras o los gobernadores de los estados y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto.

En cuanto al presidente de la República, el procedimiento también sería el mismo, con la salvedad de que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones. Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los altos funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso.

Los servidores públicos que gocen de inmunidad podrían recurrir el auto de vinculación a proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si así lo prefieren, o utilizar los recursos ordinarios.

Para despejar dudas al respecto, se aclara que los servidores públicos que gocen de inmunidad podrían ser juzgados aunque el delito que se les impute hubiera sido cometido con anterioridad a la asunción del cargo.

Es necesario subrayar que la inmunidad correspondería sólo a quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, por lo cual los representantes populares con licencia no serían sujetos de la misma, ya fuera en relación con el procedimiento penal como en lo que toca a la manifestación de sus opiniones.

Cabe también aclarar que las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se aplicarían sin el retiro de la inmunidad, y sólo aquellas que implicaran arresto se ejecutarían inmediatamente después de que el servidor público dejara el cargo, de tal suerte que ninguno sería tampoco impune al arresto administrativo que prescriben las leyes.

Para dar completa congruencia a la reforma constitucional que se propone, se establece que las entidades federativas deben tener el mismo sistema para el procesamiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo de sus servidores públicos.

Por los motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo 1o. Se adicionan y reforman los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. …

I. …

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en los artículos 111 y 112 de la presente Constitución.

III. a VI. …

Artículo 61. Las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y difundan durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.

El presidente o presidenta de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de las y los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Artículo 74. …

I. a IV. …

V. (derogado)

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

Artículo 108. …

La o el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser denunciado, acusado, imputado, procesado y sentenciado, en términos del artículo 111 de la presente Constitución, por traición a la patria y cualquier otro delito.

Artículo 111. Las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo. Sin embargo, tales servidores públicos son sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Las medidas cautelares no pueden consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.

El auto de vinculación a proceso puede ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando el juez de la causa dicta sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez comunica a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del sentenciado, a partir de lo cual éste cesa en sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente.

La o el presidente de la República goza de inmunidad y, por lo que a éste toca, se aplica la misma norma y procedimiento, pero para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado. Cada cámara debe resolver dentro de un improrrogable plazo de diez días hábiles a partir de la correspondiente notificación. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convoca de inmediato a sesiones extraordinarias dentro de un plazo de tres días luego de que le es notificada la sentencia judicial. Nunca procede suspensión judicial, administrativa o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones, discusiones y votaciones en que las cámaras se pronuncian sobre el retiro de la inmunidad y el cese de funciones. La resolución del Congreso en cualquier sentido no interrumpe o altera los ulteriores procedimientos judiciales ni prejuzga sus fundamentos y consecuencias. Las declaraciones y resoluciones que al respecto emiten las cámaras del Congreso son inatacables.

Las y los gobernadores de los estados y la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia también gozan de inmunidad. Cuando alguna o alguno es sometido a proceso penal por la comisión de delitos federales se procede de la misma forma, pero la sentencia judicial se comunica a la correspondiente legislatura local con inmediatos efectos de retiro de la inmunidad y cesación del cargo.

Si se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se podrá conceder al reo la gracia del indulto.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor o autora obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se aplican sin el retiro de la inmunidad, y sólo aquellas que implican arresto se ejecutan inmediatamente después de que el servidor público deja el cargo.

En sus respectivas constituciones, los estados y la Ciudad de México deben tener el mismo sistema contenido en el presente artículo para el procesamiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo.

Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de esta Constitución cuando se encuentran separados de su encargo, pero los mismos no la pueden recobrar ni volver al puesto luego que el Ministerio Público presente la imputación en su contra ante juzgado competente.

Si la o el servidor público es elegido o designado para desempeñar otro cargo de los incluidos en el artículo 111, se procede de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2018.

Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)

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septiembre 4th, 2018 by CentralCancún

Félix Aguilar Caballero, alcalde electo de Nopalucan, Puebla, fue asesinado este lunes durante una emboscada mientras viajaba en una zona rural, informaron autoridades locales.

“En el lugar fue encontrado el cuerpo del presidente municipal electo, que tenía aproximadamente 60 años de edad. El cuerpo presenta impactos de bala en la cabeza y torax”, dijo a la prensa José Tlachi Meneses, subsecretario de coordinación y operación de la Policía estatal de Puebla.

“Se presume un ajuste de cuentas, tenemos una línea de investigación de hace tiempo, donde se le vincula con el robo al tren (de carga) y robo de hidrocarburo. No descartamos que sea uno de los motivos”, añadió.

Aguilar Caballero era militante del Partido Verde y debía asumir la alcaldía el próximo 15 de octubre.

Las bandas dedicadas al robo y trasiego de combustible robado se han multiplicado en Puebla y otros distritos mexicanos, lo que ha agudizado la violencia en el país, ya golpeado por el narcotráfico.

La gobernadora electa de Puebla, Marha Erika Alonso, pidió a las autoridades escalecer el homicidio y dar con el paradero de los responsables.

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La violencia contra políticos en México, sobre todo a nivel local, ha escalado en el último año y las elecciones de 1 de julio estuvieron marcadas por una serie de asesinatos inéditos.

Puebla fue escenario de ataques a candidatos, incluso 40 pidieron protección especial a las autoridades estatales.

Según la consultora Etellekt, durante el proceso electoral, de septiembre de 2017 al 1 de julio, 152 políticos fueron asesinados, de los cuales 48 eran candidatos o precandidatos.

Desde finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado, más de 200, 000 personas han sido asesinadas, según cifras oficiales que no precisan cuántas de esas víctimas están vinculadas al combate a la criminalidad.

Personal de la Fiscalía General del estado se encuentran en el lugar llevando a cabo las diligencias para dar seguimiento a la investigación.

Con información de AFP

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septiembre 4th, 2018 by CentralCancún

Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario que compró una mansión de siete millones de dólares para el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en el caso conocido como “La Casa Blanca’”,  fue ayer lunes uno de los invitados “VIP” en el sexto y último informe presidencial.

El contratista dueño de Grupo Higa, que tras el caso de “La Casa Blanca” también fue señalado en la investigación ‘Panama Papers’ de haber “escondido” 100 millones de dólares en paraísos fiscales, Juan Armando Hinojosa Cantú fue una de las presencias más controvertidas del informe en el que Peña Nieto presumió, precisamente, logros en el combate a la corrupción, entre otros temas.

Cabe recordar que, en noviembre de 2014, al final del segundo año del sexenio de Peña, el equipo de periodistas de Aristegui Noticias publicó que Grupo Higa compró una casa en una de las zonas más caras de Ciudad de México para la esposa del presidente, luego de que esta compañía hubiera recibido contratos millonarios del gobierno del Estado de México cuando Peña gobernaba esa entidad, incurriendo en un presunto conflicto de interés.

Aunque esta investigación periodística no derivó en consecuencias legales ante la justicia para ninguno de los implicados, “La Casa Blanca” provocó un fuerte impacto en la imagen y en la credibilidad del gobierno, tal y como el propio presidente lamentó hace apenas cuatro días en un mensaje en video.

Sin embargo, el impacto de “La Casa Blanca” no impidió que Hinojosa Cantú fuera uno de los invitados de confianza de Peña Nieto. Ni tampoco lo publicado en marzo de este año por Animal Político, que reveló que otra de las compañías de Hinojosa Cantú también recibió 10 millones el erario gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado en La Estafa Maestra.

El empresario tamaulipeco se sentó, de hecho, en la zona “VIP”. Entre las diez primeras filas del recinto junto a una icónica estatua de un Ave Fénix; a escasos metros de distancia de Angélica Rivera, y a otros pocos metros más del presidente, que leía su discurso ante la mirada de sus hijas, que no pudieron contener el llanto al término del informe.

Desde su lugar, Hinojosa aplaudió las palabras de Peña Nieto cuando éste presumió que dejó “estabilidad política, social y económica”, y lo escuchó en silencio cuando admitió que, pese a los esfuerzos en el combate a la violencia, no deja un México en paz.

Finalmente, tras algo más de dos horas, el empresario abandonó el recinto con una sonrisa en los labios. Mostrando risueño el pulgar hacia arriba. Y sin hacer declaraciones ante la pregunta de Sebastián Barragán, coautor de la investigación “La Casa Blanca”, acerca de si había conseguido vender el famoso inmueble, luego de que Angélica Rivera cancelara el contrato de compraventa en diciembre de 2014, poco después de la publicación del reportaje en noviembre de ese año.

Meade, el gran ausente

No muy lejos del lugar de Hinojosa, también se pudo ver entre los invitados a Virgilio Andrade, otro personaje clave en la investigación de la “La Casa Blanca”.

Cercano a Peña Nieto y a Luis Videgaray, Virgilio Andrade fue designado por el propio presidente para que lo investigara en este caso, lo que desató las críticas entre la ciudadanía, la sociedad civil, y los partidos opositores al gobierno que lo acusaban de imparcialidad y de servir a los intereses del gobierno como titular en ese entonces de la Secretaría de la Función Pública.

Andrade, que tras varios meses de investigación exoneró al presidente, su esposa, y también a Videgaray –el entonces titular de Hacienda también fue relacionado con Hinojosa y la compra de otra casa millonaria en Malinalco, Estado de México-, fue de los excolaboradores del gabinete “peñista” que sí asistió al último informe del presidente.

No lo hizo, en cambio, José Antonio Meade, quien fue probablemente la ausencia más llamativa del evento.

Meade fue titular en el gabinete de Peña Nieto de secretarías clave, como Hacienda, Relaciones Exteriores, y Desarrollo Social. Además, fue el abanderado del PRI en las pasadas elecciones a la presidencia, aunque su candidatura “no funcionó”, como admitió el propio Peña Nieto en una entrevista en días posteriores al informe.

Otras de las ausencias destacadas fue la de Aurelio Nuño, exsecretario de Educación en el gabinete de Peña, y coordinador de la campaña “fallida” de Meade.

Tampoco se vio por el recinto del Palacio Nacional a otro personaje clave en el triunfo de Peña Nieto en 2012: Emilio Lozoya, quien fuera coordinador del área internacional de la campaña peñista, y posteriormente director general de Pemex hasta 2016.

Durante la gestión de Lozoya al frente de la petrolera, tuvieron lugar varios escándalos de corrupción, como La Estafa Maestra y Odebrecht.

Por el caso Odebrecht, la PGR indaga a Lozoya por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares a la constructora brasileña y asignarle la obra de la Refinería de Tula, en Hidalgo. Aunque el pasado mes de marzo una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya, hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.

Manlio Fabio Beltrones tampoco asistió al último informe de Peña Nieto.

Entre las sillas reservadas para los gobernadores que se quedaron vacías, destacó la ausencia de Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, quien ha mantenido un “pulso” con el gobierno federal y Peña Nieto, a quien ha acusado en los medios de comunicación de no querer capturar a César Duarte, el exgobernador priista de la entidad que se encuentra prófugo de la justicia por un presunto desvío millonario de recursos.

Por el contrario, toda la “plana mayor” del gabinete de Peña Nieto lo acompañó en su último informe. Estuvieron Luis Videgaray, ahora canciller; Gerardo Ruíz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT); Rosario Robles, extitular de Sedesol y ahora en la Sedatu; Ildefonso Guajardo, de Economía y figura clave en las negociaciones recientes del TLC con Estados Unidos; y Miguel Ángel Osorio Chong, ex de Segob, entre otros.

También estuvo presente Claudia Ruiz Massieu, excanciller con Peña, y ahora jefa del PRI nacional, quien estuvo sentada junto al presidente cuando éste se sentaba constantemente durante la proyección de los videos que resumían los logros presidenciales. Mientras que representando al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo Martí Batres, el nuevo presidente morenista del senado, y Yeidckol Polenvsky, presidenta del partido Morena.

Los empresarios Carlos Slim, Grupo Carso; Emilio Azcárraga, Televisa; y Germán Larrea, de Grupo México, fueron otros de los invitados al informe de Peña Nieto.

 

Origen

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