Pese a los esfuerzos del Gobierno venezolano, ayer la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para tratar la crisis en Venezuela tras la solicitud hecha por 18 países miembros. Después de intervenciones y cuestionamientos sobre la legalidad del encuentro, se realizó la votación para aprobar el orden del día, cuyo único punto fue la situación del país caribeño.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió en su último informe, que fue debatido ayer, la aplicación de la Carta Interamericana a Venezuela. Insta, además, a que se convoquen elecciones en 30 días para evitar una posible suspensión del organismo, un proceso complejo que requiere una segunda votación y el apoyo de dos tercios (24 de los 35 países miembros), incluido Venezuela. Al cierre de esta edición, se desconocía si se votaría el posible inicio de la aplicación de la Carta. En cualquier caso, será difícil que la propuesta de Almagro llegué a «buen puerto», ya que el Gobierno de Maduro, aunque débil, todavía abastece de crudo a los países caribeños comprando su voto. EE UU, también se ha mostrado contrario a aplicar la suspensión. Por ahora.

De forma paralela y como represalia, la Corte Suprema dejó ayer sin inmunidad a los parlamentarios venezolanos y habilitó a Nicolás Maduro a aplicar la Justicia militar. Los diputados, en su mayoría de la MUD –coalición opositora–, quedaron sin fueros por un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo. El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país. A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desaforó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.

Con esa declaratoria, el TSJ (señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro) ha anulado todas las decisiones de la Cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores cuya elección había sido impugnada y que, en realidad, el propósito es desconocer a la Asamblea. «El Gobierno quiere meterles miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar», dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.

El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar «las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción», a propósito del acuerdo legislativo. «A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro. (…) Para mí es un payaso, una basura sideral», afirmó Maduro, quien ayer encabezó una «marcha antiintervencionista» en Caracas. El bolivariano descarta de plano un adelanto de las presidenciales, previstas para diciembre de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo, pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el Poder Electoral las pospuso para 2017 sin que aún haya fecha.

via La Razón España