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May: la Thatcher de «Little Britain» – Politifobia

May: la Thatcher de «Little Britain»

La carta que la «premier» británica Theresa May mandó el pasado miércoles a Bruselas para activar oficialmente el Brexit no ha sido la única correspondencia que ha circulado estos días por Downing Street. El viernes, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, mandó otra misiva al Número 10 pidiendo formalmente un segundo referéndum de independencia tras conseguir el respaldo del Parlamento de Edimburgo a sus planes separatistas. El electorado de Escocia votó mayoritariamente por la permanencia en la Unión Europea (UE). Al igual que el del Irlanda del Norte, que lleva un mes sin gobierno ante la falta de acuerdo entre protestantes y católicos, y donde el Sinn Fein, que consiguió un apoyo histórico en las elecciones regionales del mes pasado, también ha pedido un plebiscito para la reunificación con la República de Irlanda.

No es de extrañar, por tanto, las alusiones constantes a Edimburgo y Belfast en la carta con la que Theresa May activó el divorcio con el bloque comunitario a fin de salvar la «preciosa, preciosa unión» de su propio país. Pero en las seis páginas de la misiva no hubo mención alguna a Gibraltar, lo que ha levantado un aluvión de críticas ante la poca prioridad que ha dado Londres al Peñón.

Si los frentes abiertos no fueran ya de por sí suficientes, está también la gran presión que ejercen sus propias filas euroescépticas, donde los llamados «brexiteros» insisten ahora más que nunca en que es mejor dejar la UE «sin acuerdo» que con un «mal acuerdo». En definitiva, demasiados enemigos en casa propia para llevar a cabo el reto más importante al que se enfrenta un país europeo desde el fin de la II Guerra Mundial. Simplemente por ser la responsable del Gobierno que sacó al Reino Unido del bloque comunitario tras más de cuatro décadas de relación, May –una gran admiradora de Margaret Thatcher que cuenta con la sombra de haberse mudado a Downing Street sin haber sido elegida por las urnas– pasará a los libros de historia. Pero aún está aún por ver si la historia le recordará como una buena líder o como víctima de sus propias circunstancias.

De momento, la primera prueba de fuego será el próximo 29 de abril, cuando se celebrará la primera cumbre europea tras la notificación del Brexit para que el resto de los 27 países miembros de la UE consensúen la línea de ruta para comenzar las negociaciones que trascurrirán durante los próximos dos años.

Mientras que May quiere negociar simultáneamente en este tiempo el acuerdo de divorcio y la futura relación entre Londres y el bloque, desde Bruselas ya le han advertido que primero hay que cerrar el pacto de separación porque el proceso del Brexit es ya de por sí sumamente complejo.

Las principales prioridades son tres: regular los derechos de los tres millones de comunitarios que viven en Reino Unido y el millón de británicos que están en la UE, encontrar una manera de evitar una «frontera dura» entre Irlanda del Norte y la República irlandesa y liquidar la factura de salida.Ambas partes han mostrado su buena voluntad para resolver cuanto antes la primera cuestión. Con respecto a Irlanda del Norte, se plantea un auténtico reto porque el plan británico de abandonar el mercado único y la unión aduanera implicaría sí o sí controles fronterizos. Sin embargo, es el tercer punto el que ya está generado más tensiones. Desde la UE estiman que, por deudas ya adquiridas, el montante que el Reino Unido debe pagar por salir del bloque es de 60.000 millones de euros. Mientras que en la carta de May este asunto se trató muy por encima, al ministro británico del Brexit, el euroescéptico David Davis, le gusta citar un informe de la Cámara de los Lores que, tras recibir asesoramiento jurídico, señala que Londres no debe pagar ni un centavo. Los tories euroescépticos van más allá asegurando que es Bruselas quien debería pagar a los británicos. Hasta la fecha, la bancada de los llamados «brexiteros» ha demostrado tener una gran influencia sobre la «premier», hasta el punto de que los críticos aseguran que son ellos los que llevan las riendas del Ejecutivo. Es precisamente de ellos el lema de «mejor no pacto a un pacto malo», entendiendo por «pacto malo», por ejemplo, que los comunitarios gocen en el futuro de un trato preferente en el mercado laboral ante los extracomunitarios. Pero los expertos advierten de las nefastas consecuencias económicas que conllevaría abandonar la mesa de negociaciones sin acuerdo para volver a los términos de la Organización Mundial del Comercio. Según el «think tank» Open Britain, esto implicaría unas tasas del 10% para los automóviles, 15% para los alimentos y 36% para los productos lácteos. Terminaría también el acceso del Reino Unido a los acuerdos comerciales de la UE con otros 53 países. El año pasado, el propio Ministerio del Tesoro señaló que este escenario reduciría el Producto Interior Bruto (PIB) británico en un 7,5% en 15 años. Ante este complejo escenario, May, al menos, cuenta con el consuelo de no tener oposición real en Westminster. Tanto el Partido Laborista como el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) –responsable para muchos de la convocatoria del referéndum y el posterior triunfo del Brexit– tienen un cuestionado liderazgo y una guerra civil abierta en sus filas. Con todo, el Partido Conservador de la «premier» cuenta sólo con una débil mayoría de 17 asientos en la Cámara de los Comunes, número escaso para la vasta legislación que hay que aprobar ahora para trasladar la legislación comunitaria al derecho británico a fin de terminar con la «supremacía» de la Unión Europea.

Cuando no habían pasado ni 24 horas de la activación oficial del Brexit, el Gobierno publicó el jueves un «libro blanco», titulado «Legislación para la salida del Reino Unido de la UE», sobre el proyecto de ley que revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, que en su día autorizó el ingreso del país a la UE. Además, se asegurará de que el país abandona la jurisdicción de la Corte de Justicia Europea. Se espera que el borrador, que llevará el título de «Great Repeal Bill» (Ley de la Gran Derogación), sea presentado en el Parlamento el próximo otoño para que el Reino Unido cuente con sus propias normativas en marzo de 2019, fecha que se ha dado para la desconexión con el bloque.

Debido al número ingente de toda la normativa que se tiene ahora que transformar, el Ejecutivo quiere cambiar hasta 1.000 leyes comunitarias sin debatirlas en el Parlamento, utilizando el llamado Estatuto de Proclamación. Éste fue empleado por Enrique VIII en 1539 para legislar básicamente sólo con su decisión. Las críticas al respecto por parte de los diferentes partidos de la oposición no se han hecho esperar. Mientras que el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha mostrado su rechazo a lo que consideró «poderes esencialmente dictatoriales», el responsable de los Liberal Demócratas, el eurófilo, Tim Farron, ha señalado que su partido iba a empezar «una guerra legislativa».

En un intento de tranquilizar los ánimos, el ministro del Brexit puntualizó que asuntos claves como «el nuevo sistema de inmigración» serán propiamente debatidos en el Parlamento que, en cualquier caso, tendrá la última palabra en este largo proceso que juzgará a Theresa May en los libros de historia.

via La Razón España

abril 2nd, 2017 by
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