La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información acerca de los recursos financieros de familiares y amigos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, informó este lunes el diario Reforma.

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Entre las cuentas investigadas están las de la madre del exgobernador priista, Yolanda Angulo Castilla, la exdirectora del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y la del representante de inmobiliarias Samuel Jiménez.

También se encuentran bajo investigación los recursos financieros del abogado de la familia Borge, Celso González Hermosillo, y la secretaria del padre del exgobernanor, María de Lorudes Pinelo Nieto, detalla el diario Reforma.

En febrero, la Procuraduría aseguró 25 predios vinculados a Borge. Los inmuebles contaban con un valor comercial que rebasaba los 5,000 millones de pesos y que fueron vendidos al 6% de su valor comercial.

La operación, decretada por el Ministerio Público (MP) de la Federación, forma parte de la investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo en noviembre, indica el periódico.

Estos predios representan “apenas una pequeña muestra” de las anomalías que hubo durante el gobierno de Roberto Borge que desincorporó y vendió 9,500 hectáreas de terreno que era propiedad del estado a precios irrisorios, señaló el secretario de la Gestión Pública de la actual administración, Rafael del Pozo, en entrevista con Expansión en febrero.

“Es apenas una pequeña muestra, porque son 25 predios. Nosotros denunciamos 850 hectáreas, pero en realidad se enajenaron 9,500. Fue lo que se enajenó en la administración anterior. Nosotros no denunciamos 9,500, denunciamos 850, y eso solamente de las operaciones que se hicieron a través del IPAE (Instituto del Patrimonio Estatal), pero además están las operaciones que se hicieron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano”, detalló.

Borge no ha realizado apariciones públicas en México desde que dejó el cargo, y no sólo es vinculado con la venta irregular del patrimonio de Quintana Roo, sino con una red de funcionarios locales que despojó a particulares de terrenos e inmuebles en zonas turísticas de la entidad, la cual Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron el año pasado.

via Expasión