El Parlamento británico podrá vetar el acuerdo de salida de la UE

El Gobierno británico anunció ayer que Westminster tendrá la última palabra respecto al acuerdo del Brexit, ya que votará el pacto al que Londres llegue con Bruselas antes de que la ruptura sea efectiva. Hasta la fecha, el Ejecutivo de Theresa May, más debilitada que nunca tras perder la mayoría absoluta en las generales de junio, se había comprometido a que Westminster votara el acuerdo, pero prácticamente con una fórmula de «sí» o «no». Ahora, sin embargo, los nuevos planes implican un debate profundo donde los diputados tendrán capacidad para vetar o proponer enmiendas a un texto que detallará, entre otros aspectos, los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y detalles de la factura de salida que Londres debe abonar por el divorcio.

Fue David Davis, ministro del Brexit, el responsable de explicar ayer a última hora en la Cámara de los Comunes la nueva normativa. «El acuerdo [alcanzado con Bruselas] sólo se mantendrá si el Parlamento lo aprueba», afirmó el «tory», que señaló estar preparado para «trabajar con todos los diputados» para asegurar una salida de la UE «suave y ordenada». «Con este anuncio estamos promoviendo la claridad y la certidumbre, tanto en las negociaciones como en casa», señaló. «Éste es otro paso importante que demuestra nuestro punto de vista pragmático y nuestro deseo de poner la casa en orden antes de abandonar la Unión Europea», agregó. El movimiento tiene importantes implicaciones políticas internas y no puede pasar desa-percibido el momento elegido para anunciarlo: tan sólo horas antes de que el proyecto de «Ley de la Unión Europea (Notificación sobre la salida)» entre hoy en la fase de comités.

May, que no cuenta con ningún tipo de autoridad entre sus filas, llevaba tiempo reteniendo esta normativa, con la que se quiere transformar en británica la actual legislación europea que Reino Unido obedece a día de hoy como Estado miembro.

Consciente de su falta de liderazgo, la «premier» temía una derrota a manos de los «tories» rebeldes, que amenazan con sumarse al bombardeo de más de 200 enmiendas al que se enfrenta el proyecto de ley en su tercera y definitiva lectura en Westminster. Los conservadores más críticos con la gestión del Gobierno han presentado hasta 13 enmiendas, pero la que preocupaba especialmente a May es aquélla que pide un debate en profundidad sobre el acuerdo al que se llegue con Bruselas. Por lo tanto, la nueva legislación anunciada ayer a última hora por Davis es especialmente significativa, ya que representa una gran concesión tanto para los «tories» rebeldes como para la oposición laborista, especialmente crítica ante la falta de avances en las negociaciones europeas del Brexit.

La redacción de la nueva norma –que se denominará «Ley del Acuerdo de Salida e Implementación»– no podrá darse a conocer hasta que las negociaciones con Bruselas «estén cerca de completarse», advirtió el Gobierno británico en un comunicado. El problema es que, tras seis rondas de diálogo, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, asegura que todavía no se han producido avances suficientes para iniciar una segunda fase de los contactos, en la que se abordará la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha. De acuerdo con el calendario inicial, las conversaciones comerciales tendrían que haber comenzado en octubre. Pero la factura que Reino Unido debe pagar por abandonar el bloque sigue sin resolverse. Barnier ha dado de plazo hasta el próximo 24 de noviembre para que Londres especifique una cifra. De no ser así, no se espera que la cumbre europea de diciembre vaya a ser de algún modo exitosa. El propio Barnier ha reconocido que no descarta el fracaso de las negociaciones, por lo que la UE prepara planes para afrontar esa eventualidad. En caso de que no haya finalmente pacto, la redacción de la «Ley del Acuerdo de Salida e Implementación», prometida ayer por Davis, no tendrá lugar.

El grueso del acuerdo de divorcio tendría que estar listo para octubre de 2018. Pero tal y como se están desarrollando los hechos, no son pocos los que ponen en duda que los plazos vayan a cumplirse. En este sentido, el Gobierno británico insistió ayer que Reino Unido debe abandonar la UE en marzo de 2019, independientemente de si los parlamentarios respaldan o rechazan los términos del acuerdo negociado. La afirmación plantea varias cuestiones sobre la promesa realizada anoche, aunque Davis aclaró que los parlamentarios jugarán un papel importante y «no puede haber ninguna duda de que el Parlamento estará íntimamente involucrado en cada etapa». El portavoz de la oposición laborista para el Brexit, Keir Starmer, acogió con cautela el anuncio y criticó el «volantazo» del Gobierno.

via La Razón España

noviembre 13th, 2017 by
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